Corrupción y crecimiento económico

Frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social

Se ha escrito mucho respecto a la corrupción que se ha destapado con el caso de la empresa Odebrecht y cómo esta habría contribuido a instaurar un esquema de sobornos y comisiones “mal habidas” para el logro de licitaciones y grandes obras de infraestructura, incluso con cláusulas “lesivas” para el país. El índice de corrupción de Transparencia Internacional 2016 ubica a Perú en la posición 101, de un total de 176 países; y en el número 10 de 20 en América Latina (AL). Este indicador mide la percepción del nivel de corrupción imperante en el país, y Perú se ubica en el tercio de “peor calificación” a escala mundial y en la mitad de la tabla en AL.

Según Transparencia Internacional, “los casos de corrupción a gran escala, desde Petrobras y Odebrecht en Brasil hasta el ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos, que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría. Este tipo de corrupción a gran escala y sistémica redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social".

Hoy quiero centrarme en cuatro acciones claves para salir de este entrampamiento

1) La ciudadanía está de acuerdo, de manera unánime, en que la investigación y castigo de los responsables debe ser frontal y lo suficientemente dura como para que el potencial beneficio de ser corrupto —tanto a nivel público como privado— sea mucho menor al costo de infringir las normas, cobrar coimas y estafar al país y a los millones de peruanos, que hoy se sienten engañados por casi tres gobiernos.

2) Como ya algunos colegas han señalado, a este gobierno y a todos los servidores públicos y funcionarios privados, no nos basta “ser (honrados), sino también parecer (los)”. Eso nos obliga a ser mucho más estrictos en el gobierno corporativo, tanto de las empresas públicas como privadas. No obstante, al Ejecutivo le corresponde dar una señal bien marcada en esta línea, y eso supone implementar en la práctica “la muerte civil” para los funcionarios públicos, lo que fue una promesa de campaña. También invitar al sector privado a que haga lo propio con los ejecutivos con probadas sentencias condenatorias; como por ejemplo, malos manejos o estafa.

3) El Estado debe cobrar todas las reparaciones que le corresponden de manera diligente y oportuna, y transparentar el uso que se va a dar a esos fondos. Y la prioridad debe ser atender las necesidades de la población más vulnerable, mediante acceso a agua potable y un esquema de salud preventiva, hoy temas urgentes para “al menos garantizar la igualdad de oportunidades”, recomendación básica para ser parte de la OECD en el 2021.

4) El Estado debe modificar de manera radical la forma como elige contratar y hacer que los procesos requieran un mínimo de postores. Además las condiciones de los concursos deben ser de absoluto conocimiento de la ciudadanía. Es cierto que hay necesidad de reactivar la inversión pública, pero es mucho más gravitante que las obras de infraestructura en las que el gobierno invierta el dinero de todos los peruanos utilicen el esquema más beneficioso desde el punto de vista financiero y sostenible a largo plazo.

Estas tareas requieren el liderazgo y el compromiso de las más altas esferas, porque nuestro país exige que el discurso y la acción sean concordados y complementarios, tanto a nivel público como privado.

Por Giovanna Prialé Reyes