Corrupción municipal

Si tengo que escoger el peor trámite burocrático, el que más daño le hace a la mayoría de los sectores económicos, el que genera informalidad y se presta para la corrupción, escogería la obligación de obtener el certificado ITSE o de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. La obligación de renovar cada dos años este certificado se ha convertido en el arma más poderosa de los municipios para presionar a cientos de miles de empresas, ya que son infinitas las observaciones que pueden hacer los inspectores encargados.

Diariamente a cientos de miles de empresas grandes y pequeñas –talleres, fábricas, mineras, industrias, consultorios, tiendas, clínicas, oficinas, restaurantes, bodegas, etc.– se les viene obligando a renovar cada dos años el Certificado de Defensa Civil, aunque las condiciones en las que se obtuvo ese certificado no hayan variado en lo más mínimo. No cumplir con este insensato requerimiento impide a las empresas acceder a la licencia de funcionamiento, y acarrea multas, cierres y extorsiones. Esta irracional ley se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los municipios y de sus fiscalizadores, alentando la informalidad y la corrupción.

En el año 2014 Indecopi declaró que la exigencia de renovar cada dos años el Certificado de Defensa Civil era una barrera burocrática ilegal que restaba competitividad a las empresas, por lo que el Gobierno declaró el no vencimiento del certificado, dándole a éste vigencia indefinida. Luego vinieron los incendios de Larcomar (2016) y del centro comercial Las Malvinas (2017), oportunidad propicia para que los alcaldes reclamen la obligatoriedad de la renovación del certificado, como si no hacerlo fuera un impedimento para cumplir su deber de fiscalización. La presión mediática se manifestó en julio del 2017, cuando se eliminó la vigencia indefinida del Certificado de Defensa Civil. Es lo que Jorge Lazarte llama la “regulación anecdótica”, que describe como el peor trámite: “contra la ley y a la razón, renació el foco infeccioso para beneplácito de la corrupción”.

Terminada la cuarentena en Gamarra, un ejército de fiscalizadores, como hienas hambrientas, han arremetido contra las empresas sobrevivientes, sin mostrar ninguna solidaridad ni empatía con la tragedia vivida. Todo lo contrario: fiscalización en lugar de colaboración. Piden imposibles ante un hecho consumado: rociadores contra incendios sin que existan cisternas que los alimenten, escaleras contra incendios cuando ya todo está construido y no hay donde ubicarlas, señaléticas, anchos de pasadizos, tamaño de los pasos en las escaleras, etc.

Hay temas de discusión política cotidianos que no afectan ni interesan a las grandes masas de emprendedores. Pero hay otros, como la discrecionalidad burocrática en la aplicación de normas irracionales (como la que tratamos) a cientos de miles de pequeñas y grandes empresas. El Congreso dio esta ley y tiene la responsabilidad de derogarla. Son 2.5 millones de pymes las afectadas que viven diariamente este abuso.