Construyendo una nueva convivencia

En medio de una de las mayores crisis que vamos a enfrentar en la historia, hemos venido escuchando la necesidad de construir una nueva convivencia. En Perú, es crítico entender que la informalidad es uno de los grandes retos para cualquier política pública que se elabore para mitigar el impacto de la crisis y para propiciar la reactivación económica.

La informalidad, producto en la gran mayoría de casos de la incapacidad de los mercados para desarrollar empleos adecuados, ha convertido al ingreso de subsistencia en la principal forma de vivir de casi el 70% de la población económicamente activa. Con esta forma de trabajo, las personas no cumplen con las reglas que establece el Estado para ser formal, las cuales incluyen pagar impuestos, contribuir a la seguridad social (CTS, salud y pensiones) y cumplir con los tributos municipales. Así, se podría afirmar que la informalidad se ha impuesto largamente sobre la formalidad, representando a 7 de cada 10 peruanos, que hoy ni siquiera aparecen en las bases de datos que maneja el Gobierno para atender de manera directa en un momento de emergencia, como el actual.

A esta realidad, se suma que las decisiones populistas que se están tomando hoy en el Poder Legislativo y la poca capacidad de ejecución del gasto público están poniendo en jaque la estabilidad económica y financiera lograda por nuestro país en los últimos 30 años. Y están al mismo tiempo, contribuyendo a que el nivel de informalidad crezca todavía más en los próximos años.

Antes, entonces, de hablar de una nueva convivencia, creo que debemos fijar los derechos fundamentales que vamos a garantizar en esta nueva etapa. Y eso supone empezar a corregir lo que hasta ahora no ha funcionado. Hoy me voy a centrar en un solo tema gravitante.

Derecho al trabajo con acceso a salud, cesantía y pensiones

Todos los peruanos nacemos iguales. Y por lo tanto, como sociedad, nos corresponde garantizar el acceso a un trabajo que, sea dependiente o independiente, nos garantice acceso a salud, cesantía y pensiones. Está claro que la diferencia de ingresos entre el quintil más pobre y el más alto es significativa, pero la tarea del Gobierno central, los regionales y los municipales es trabajar para reducir esas enormes brechas.

Para ello, no basta la descentralización de recursos económicos, sino que el Ejecutivo debe recuperar la responsabilidad de liderar las políticas de Estado y su ejecución. Debería ser transparente para todos los ciudadanos del país cuáles son las metas que tenemos en materia de salud, acceso a cesantía y pensiones. 

Asimismo debería ser obligatorio que el Gobierno central cuente con una base única de todos los ciudadanos que vivimos en el Perú, que todos tengamos una tarjeta que garantice la cobertura de salud, independientemente del proveedor que sea (público o privado) y que cada peruano tenga derecho a una pensión mínima universal. Y permitir que sobre esa base, construya su pensión.

Es evidente que esta nueva convivencia exige transparencia y rendimiento de cuentas a la ciudadanía; pero también una acción mucho más coordinada entre los hacedores de política pública y sus electores. Si seguimos a Acemoglú y Robinson, cada sociedad funciona gracias a un conjunto de reglas políticas y económicas creadas e impuestas por el Estado y los ciudadanos colectivamente. 

Así, mientras las instituciones económicas dan forma a los incentivos económicos, es el proceso político el que determina bajo qué instituciones económicas viviremos, y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona ese proceso. A modo de ejemplo, las instituciones políticas de una nación marcan la capacidad de los ciudadanos de controlar a los políticos e influir en su comportamiento, el que se esperaría sea responsable y no cortoplacista, pensando en construir bases sólidas para el desarrollo, en lugar de destruir los cimientos de nuestro país.

Está claro que no podemos hablar de viabilidad si es que siete u ocho de cada diez personas no perciben los beneficios de ser ciudadanos peruanos. Si frente a una crisis como la actual tienen que salir a las calles a trabajar porque viven del día a día; y encima son perseguidos por la autoridad por “desacatar las normas de aislamiento social”.

Se ha desnudado el alto precio que significa vivir en la informalidad. Y eso, en lugar de paralizarnos, debe convertirse en el aliciente para que, desde el Ejecutivo y desde el sector privado, creemos un nuevo esquema de convivencia. Y que el uso de nuestros impuestos nos sirva para asegurar un piso mínimo de empleo, con acceso a cobertura de salud, cesantía y pensiones.