Ciudadanos empiezan a pagar los desequilibrios fiscales

Hace cuatro días el gobierno oficializó vía decreto legislativo (DL 1623) nuevos impuestos que debemos pagar los consumidores. Se trata del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los servicios digitales. El espectro de aplicación es amplio: Netflix, Amazon Prime, Max, Spotify, YouTube Premium, LinkedIn Premium y Zoom, entre otros. 

El déficit fiscal arremete, los ingresos caen dramáticamente por responsabilidad gubernamental, no se desea limitar el festín de gasto de la dupla cogobernante Ejecutivo-Legislativo, así que la manera más fácil de paliar la situación es echarle mano al bolsillo del ciudadano, de donde se espera recaudar 1,200 millones de soles (MMS/.) anuales, que representan 324 MMUS$. 

Las cifras no le cuadran al gobierno, el gasto corriente impera en el presupuesto general de la república (PGR) de este año, solo el 27% representa gasto de capital, pero si consideramos la parte correspondiente a los activos no financieros, estamos hablando de solo el 23%, que son 55,351 MMS/. 

Si escudriñamos más a detalle el gasto de capital en activos no financieros, se observa que a los gobiernos regionales se le ha destinado 14,219 MMS/. (3,842 MMUS$) y a los gobiernos locales 14,786 MMUS$ (3,996 MMUS$). Para efectos de comparación, las deudas de corto plazo de Petroperú ascienden a 4,541 MMUS$, cifra superior en 18% y 14%, respectivamente, respecto a lo presupuestado en gasto de capital a todos los gobiernos regionales y locales.

Si se sigue hurgando en los gastos de capital, se tiene que en la reserva de contingencia se han previsto 1.016 MMS/. (275 MMUS$) y en cuanto a las inversiones en gobiernos regionales y locales, con cargo a los pliegos de diversos ministerios del gobierno nacional, se ha previsto 503 MMS/. (136 MMUS$)

La irresponsabilidad gubernamental es supina, no puede ser posible que teniendo un problema tan complicado como el de Petroperú, sobre el que se ha decidido su salvataje por decisión política, después de cinco meses que se tiene una nueva junta general de accionistas (JGA) y un nuevo directorio no exista un rumbo creíble de solución, y solo se siga dando paliativos a través del Banco de la Nación. 

Si solo se quisiera solucionar la deuda con proveedores con cifras a junio de este año se necesitan con urgencia 1,412 MMUS$, y aquí es pertinente hacer comparaciones con las cifras citadas del DL 1623 y del PGR de este año. La necesidad de la petrolera es 4.4 veces lo que se recaudará del ciudadano por impuesto a los servicios digitales, y en relación con los gastos de capital: 1.4 veces lo previsto en el fondo de contingencia y 10.4 veces lo destinado a las inversiones para gobiernos regionales y locales con cargo a diversos pliegos presupuestales ministeriales. 

Es hora de que los miembros de la JGA, donde están los ministros de economía y finanzas, y de energía y minas, así como los viceministros de hacienda, economía e hidrocarburos, bajo responsabilidad del directorio de la petrolera en pleno, expliquen al país que han planificado, los desembolsos parciales son solamente un alargue de agonía con repercusiones al tesoro público, que al flamante Contralor General de la República le corresponde merituar inmediatamente. 

A los cantos de sirena de que cuando funcione la trillada unidad del flexicoque de la Nueva Refinería Talara (NRT) se irán solucionando los problemas, para sostener su teoría basta que contesten las siguientes interrogantes: ¿cuál es el margen de refinación neto que esperan en un contexto donde deben revertir la magra participación de mercado de 25%?, ¿cuál es el volumen de producción diario promedio anual que se prevé teniendo en cuenta que no se trabajará al 100% de capacidad? 

Con las dos cifras señaladas tendrán el ingreso anual, al que deberán restar 340 MMUS$ de pago de intereses de bonos e intereses y capital de deuda sindicada en Europa, los 125 MMUS$ de provisión anual para el pago del los 1.000 MMUS$ de bonos que vencen en junio del 2032, los 300 MMUS$ de gastos de ventas y administrativos y los desembolsos que deben hacer para adecuar la NRT antes de octubre del 2025 para que produzca combustibles con 10 partes por millón de azufre. 

Las explicaciones le corresponde hacerlas al ministro José Arista, que preside la JGA, porque los dichos del ministro de energía y minas, Rómulo Mucho y del presidente de Petroperú, Oliver Stark, ya no tienen credibilidad alguna.