Alan muere por abuso del derecho

Dolor y consternación deja en todos los peruanos bien nacidos la muerte del ex presidente Alan García Pérez, en especial por las circunstancias infames que rodearon su trágica decisión final. La muerte de Alan García señala el extremo vil al que se ha llegado en el Perú con el abuso de las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, que ni las admoniciones del Tribunal Constitucional lograron aplacar en jueces y fiscales arropados con poderes ilimitados, embebidos de soberbia y deseos de figuración.

Alan García ya está en la historia. Se fue perseguido por una jauría salvaje que nunca lo dejó en paz. Aunque nunca se encontró nada que lo incrimine, los chacales siguieron husmeando entre sus pertenencias, aun cuando ya había fallecido. Lo que demuestra el nivel de ignominia en el que actúan estos fiscales del terror del siglo XXI.

Además de Alan García, sus familiares y amigos, debemos sentir pena también por la República, por el país tribal en el que nos hemos convertido con la farsa política de la lucha contra la corrupción, utilizando la ley para perseguir adversarios y ensañarse con ellos. Los hemos visto abusar del derecho y manipular la ley contra Alberto Fujimori, cargándole acusaciones ridículas para condenarlo a penas excesivas. Luego para anular su indulto. Desde la condena infame de Alberto Fujimori hasta la muerte de Alan García, cercado por una jauría de chacales que llegaron con mentiras a su domicilio, el abuso del derecho y de la ley ha sido la constante de una campaña perversa, disfrazada de lucha contra la corrupción.

No se puede hablar de justicia cuando no hay igual trato para todos, cuando se observa selectividad y un orden de prioridades muy bien ajustado al momento político. Tampoco cuando no hay un solo juicio abierto contra nadie. La Fiscalía solo usa la prisión preventiva. Hasta ahora no hay acusación contra Ollanta Humala ni Alejandro Toledo. De manera que no se debe confundir este circo de prisiones preventivas con la justicia. Esto es política pura.

Además de los fiscales, también el presidente Martín Vizcarra tiene las manos manchadas de sangre, por ser el protagonista principal de esta farsa. ¿O acaso no volvió corriendo y alborotado desde Brasil para defender a los fiscales Pérez y Vela? ¿No fue él quien arrojó más leña al fuego empoderando a estos personajes ya mediáticos, que pasaron de la comedia a la tragedia, mientras le armaban el andamiaje para que pudiera subir en las próximas encuestas? Este libreto había sido ya anticipado por muchos.

El crimen organizado ha cambiado de estrategia, y hoy se sirve del derecho y la ley para cometer sus fechorías. Lo demostró el abogado Rodolfo Orellana, quien tejió una red de estafa que tuvo como cómplices a jueces, fiscales y policías. Esta red operó durante años en total impunidad, hasta que chocó con la gente equivocada. Lo mismo está ocurriendo ahora en el ambiente político, en el que una red bien organizada de activistas de izquierda, cobijados en una mafiosa ONG vinculada a la ley, actúa de la mano de fiscales, jueces y medios de prensa, para demoler a los personajes políticos que son incómodos al sistema.

Esta red de sicarios políticos actúa con la ley en la mano, sin ninguna duda. Su accionar tiene el respaldo de la ley, aunque lo aplican a su manera y con abuso arrogante. Recordemos, por ejemplo, al juez Richard Concepción Carhuancho haciendo a un lado la resolución del Tribunal Constitucional contra el abuso de la prisión preventiva, para dictaminar tres años de prisión contra Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor, desbaratando así a la mayoría en el Congreso en un momento muy oportuno para el nuevo Gobierno. No me vengan a decir que ese acto infame y arbitrario no es de corte mafioso, más aún cuando Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública y los aportes de campaña no son delito. Eso es política.

Estamos, pues, frente a una nueva modalidad de crimen organizado, que ya cobró una víctima mortal y mantiene a varias otras cumpliendo un encierro excesivo y abusivo para satisfacer intereses políticos. Una mafia de la que todos conocemos dónde opera y quiénes la manejan.