A reformar las pensiones

Para ello se nombrará una comisión ad hoc

El Gobierno de PPK anunció que diseñará una reforma del sistema de pensiones peruano, y que para ese fin designará una comisión ad hoc. Se revelaría pronto quienes integran esa comisión y los resultados se presentarían en julio del 2017 (inicialmente se indicó que sería después de seis meses). La comisión ad hoc tendría dos grupos, uno técnico y otro político; quizás recogiendo el antecedente de Chile, donde Bachelet criticó los resultados de una comisión especializada por considerarlos políticamente inviables.

¿Por qué reformar?

Los rasgos estructurales evidencian que nuestros sistemas han quedado desfasados. Por un lado, la informalidad afecta el empleo estable, reduciendo el universo de aportantes. Asimismo, las recientes leyes que han debilitado al Sistema Privado de Pensiones —al permitir retiros totales al momento de la jubilación, o parciales para financiamiento inmobiliario— han puesto de manifiesto el descontento que existiría respecto al SPP. Por un lado se reclama que la cobertura del sistema previsional es baja (menor a 30%); y por otro, que las pensiones que se otorgan en el SPP están por debajo de lo esperado. A ello se ha unido la percepción de que las AFP si generan utilidades, mientras que los afiliados no siempre ven mejorar sus fondos.

Si bien el SPP no es responsable exclusivo de la cobertura, lo cierto es que esta apenas ha cambiado desde la creación del SPP. Peor aún, el SNP (que administra la ONP) ha mantenido una participación sostenida dentro la mencionada cobertura. Es decir que la responsabilidad fiscal en el tema pensionario no ha amainado. El nivel de las pensiones depende de múltiples factores, varios no controlados por las AFP. Por ejemplo, nadie podía saber hace 20 años cuánto mejoraría la expectativa de vida. Por otro lado, tampoco se preveía que el entorno generalizado de los mercados financieros apuntaría hacia menores rentabilidades.

Comisiones y soluciones

No será fácil el encargo para la comisión ad hoc, como tampoco está establecido cuál es la forma ideal de organizarla. Algunos preferiríamos que se aboque a lo técnico. La comisión debe recibir un diagnóstico claro de lo que se quiere corregir (punto de partida común) y una indicación de cuál es el escenario base: ¿seguirá habiendo sistemas obligatorios o solamente voluntarios como algunos abogan?, ¿cuánta exposición fiscal se quiere albergar?, etc.

Pero además debe recibir un mandato bien definido respecto al producto a entregar (sus términos de referencia), con plazos realistas. Ese mandato se asocia al objetivo que se persigue (¿mejorar el sistema?, ¿desarrollar un sistema sostenible?, etc.) y el alcance del encargo: ¿es integral y se analizan todas las capas previsionales o solo los que aportan?, ¿se relaciona el tema pensionario a otros aspectos laborales o sociales (empleo, formalidad, servicios de salud)?, ¿se considera a todas las generaciones por igual (las actuales y las entrantes)?, etc.

Es esencial que el proceso sea transparente y muy informativo. Las consultas ciudadanas de escritorio no funcionan, y mucho menos cuando se busca viabilidad política. Deben exponerse los avances e ideas que se quiere evaluar, como una forma de ir legitimando el resultado propuesto. Esto incluso haría innecesario desdoblar la comisión en las facetas técnica y política. Para ello, los plazos no deben ser administrativos, sino producto de qué resultados estén validados.

Asimismo, dentro de esa transparencia, se deberían conocer los presupuestos; y los comisionados deberían suscribir ciertas reglas de comportamiento, incluidas las revelaciones de los conflictos de interés. Sería una reforma transcendental y de impacto profundo. Merece ejecutarse con pulcritud para servir de modelo a experiencias similares. Para modificar lo existente se necesita enfrentar importantes intereses vigentes, y debe probarse la superioridad de lo que se propone.

Enrique Díaz Ortega

Economista