¿Proyecto cesarista en problemas?

Los balbuceos y contradicciones del presidente Martín Vizcarra con respecto a las relaciones de su empresa (CyM Vizcarra) con Odebrecht y Graña y Montero; la decisión de la Sala del Poder Judicial de recusar al juez Richard Concepción Carhuancho en el caso cócteles por adelantar opinión y violar la Constitución y las leyes procesales, y la organización de una marcha (a la embajada de Brasil) en contra de la mencionada empresa brasileña, exigiendo investigaciones imparciales, indican que algo comienza a cambiar con respecto a las posibilidades del proyecto cesarista que lanzó el jefe de Estado luego los CNM-Audios y el referéndum.

El blitzkrieg político vizcarrista —que humilló al Congreso, que encarceló y judicializó a la oposición, y desinstitucionalizó el Ministerio Público y empujó a la renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación— empieza a tomarse una pausa. La estrategia de controlar instituciones no puede seguir avanzando e, incluso, los medios tradicionales (entre ellos El Comercio) se dan un respiro para criticar las inexactitudes del presidente Vizcarra con respecto a sus relaciones con Odebrecht. Liderar la “lucha contra la corrupción” no solo puede terminar encarcelando a los adversarios, sino también poniendo en extremo nerviosos a quienes empujan a las masas contra un sector. Vizcarra parece más que intranquilo.

La desesperación es de tal envergadura que Jorge Nieto, a quien diversas versiones e informaciones sindican como el titiritero político de Palacio (no obstante que el hombre lo niega a los cuatro vientos), ayer salió a cuestionar frontalmente la recusación contra Carhuancho, mientras las ONG marxistas, los colectivos comunistas, preparaban una segunda oleada de masas intentando repetir la operación Chávarry. Si logran su objetivo de doblegar a los magistrados del Poder Judicial, el Perú estaría notificado: los marxistas que no ganaron una sola elección ya controlan la institucionalidad democrática a punta de estrategia de “masas callejeras” y de “organizaciones populares”, tal como sucedió en Bolivia y Ecuador antes de que los caudillos plebiscitarios se hicieran el poder.

Sin embargo, más allá de cualquier ofensiva de masas, la estrategia para controlar instituciones está en grave problemas. Por un lado la terca e intuitiva resistencia de Pedro Chávarry (el ex Fiscal nunca entendió que se trataba de una guerra política y no de una guerra de magistrados), de alguna manera, ha desvelado la voluntad de Vizcarra de presionar y controlar instituciones. Interrumpir el viaje a Brasil y caminar hasta el Congreso llevando un proyecto inconstitucional para intervenir la Fiscalía (que luego fue abrumadoramente rechazado), si bien logró que rodara la cabeza de Chávarry también salpicó al Presidente con la sangre de los vencidos. ¿Qué jefe de Estado sacrifica relaciones con un país continente para respaldar a un fiscal superior y otro provincial? Locura.

Igualmente el posible acuerdo de Rafael Vela y Domingo Pérez con Odebrecht seguramente jaqueará a los opositores, pero creará un problema mayor: “las masas anticorrupción” que lideró Vizcarra se podrían volver en contra de él al advertir que solo se trataba de encarcelar a los opositores, mientras que los demás grandazos de Lava Jato siguen silbando con las manos en los bolsillos.

Todos estos hechos juegan en la nueva situación. Sin embargo, aquí lo determinante (más allá de la magia de nuestras encuestadoras) es que el Gobierno de Vizcarra (al igual que la conducción de Keiko Fujimori de Fuerza Popular) solo ha significado guerra, confrontación, desinstitucionalización, pero nada de gobernabilidad y reformas.

El referéndum solo fue un capítulo de la guerra. Las reformas de fondo y los problemas del país siguen sin abordarse, mientras una tubería de Odebrecht y Graña se revienta en San Juan de Lurigancho y nos recuerda que la podredumbre está debajo de la superficie, debajo del circo vizcarrista.