¡Padres de familia, uníos por la meritocracia!

La influencia de las corrientes comunistas ortodoxas en el Ejecutivo, de una u otra manera, obliga a recuperar ciertos principios de la política clásica. O de la buena política, a secas. Por ejemplo, la amenaza colectivista obliga a elevar el nivel de la respuesta ideológica y cultural. Es absolutamente imposible detener una amenaza bolivariana con un simple pragmatismo. ¿Por qué? Porque estos sectores no suelen pactar. Buscan desaparecer al adversario. 

Igualmente, las corrientes populistas y colectivistas suelen reivindicar “la participación directa del pueblo en los asuntos públicos”. La entelequia pueblo es una palabra tan repetida por el presidente Castillo que, a estas alturas, es difícil discernir qué significa para el jefe de Estado semejante concepto. En cualquier caso, la referencia al pueblo es uno de los nombres y apellidos de todos los populismos latinoamericanos.

No obstante, la cercanía al poder de estas corrientes ortodoxas también resucita, de una manera no imaginada, la llamada “acción directa de las masas”, una consecuencia directa de la permanente invocación al pueblo. De allí que, en las últimas semanas, todas las estrategias de las minorías radicalizadas en contra de la minería, de la agroexportación y otros sectores, se hayan reactivado y alcanzado niveles superlativos.

Sin embargo, la estrategia de promover a las minorías radicalizadas no solo se produce en la acción directa sino también en las políticas públicas. En el Ministerio de Educación (Minedu), por ejemplo, el ministro Carlos Gallardo ha decidido detener la carrera pública magisterial en base a la meritocracia. ¿Con qué objeto? Con el plan evidente de convertir al magisterio en una herramienta política de la estrategia hacia la asamblea constituyente y, sobre todo, para adoctrinar a las nuevas generaciones que asisten a la escuela pública. 

Se pretende entonces nombrar indiscriminadamente a los profesores contratados, al margen de los derechos de los niños –sobre todo los más pobres– a tener maestros capacitados y calificados.

La ofensiva contra la meritocracia solo es una estrategia de minorías que puede terminar estrellándose contra una reacción mayoritaria de la sociedad. Ni siquiera a nivel del magisterio la propuesta de terminar con la meritocracia responde a las mayorías. De un total de 422,000 docentes de la escuela pública, más de 260,000 pertenecen a la carrera magisterial: es decir, han sido nombrados y promovidos por méritos e, incluso, ganan mejores salarios gracias a las evaluaciones. Gallardo y el Minedu, entonces, solo representan a menos de la mitad de los docentes contratados.

Pero el gran problema de la estrategia del Minedu, tarde o temprano, serán los padres de familia. En el momento en que ellos perciban que los profesores se están convirtiendo en herramienta política populista, reaccionarán en defensa del futuro de sus niños. Si consideramos que dos tercios de la matrícula es atendida por la escuela pública y un tercio por los colegios privados, los padres de familia pueden ser el factor decisivo en la defensa de meritocracia en la escuela pública.

Y si el Minedu pretende acabar con el sector privado en la educación, los padres de familia de los sectores públicos y privado podrían conformar una fuerza indetenible en la defensa de la meritocracia.

¿Quién defiende el derecho de los 260,000 profesores de la carrera pública magisterial? ¿Quién defiende el derecho de los padres de familia a exigir una educación de calidad para sus vástagos? ¿Quién organiza a las mayorías absolutas de la educación nacional para enfrentar a las minorías que pretenden acabar con la carrera pública magisterial?

Quizá vale parafrasear un viejo lema comunista y señalar, ¡padres de familia, uníos por la meritocracia!