Manual para destruir una Constitución

El presidente Vizcarra y la coalición vizcarrista (ONG marxistas y medios tradicionales) empiezan a lograr lo que, en cierto momento, parecía un imposible: deslegitimar la actual Carta Política —que ha permitido reducir pobreza como nunca antes en la historia republicana— a punta de zurcidos constitucionales que empiezan a crear un verdadero Frankenstein. Y no solo es responsabilidad del Ejecutivo. también del Congreso, sobre todo de un sector de la mayoría parlamentaria. Contemplar a la congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular celebrar —al lado de las bancadas comunistas— la decisión de la Comisión de Constitución que prohíbe postular a los ciudadanos con sentencia en primera instancia como un “triunfo en la lucha contra la corrupción” es realmente conmovedor.

La decisión de la Comisión no solo viola el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución —la presunción solo se extingue con una sentencia firme—, sino que también se carga a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sus correspondientes fallos. A entender del suscrito, el acuerdo de esta comisión legislativa abre la posibilidad de “constitucionalizar” la judicialización de la política. ¿Por qué? Si IDL-Reporteros influye sin anestesias y rubores en el Ministerio Público, ¿acaso es difícil conseguir una sentencia en primera instancia contra un adversario ideológico? ¿Acaso no se sabe que existe una floresta de jueces provisionales esperando ser presionados?

Pero lo aterrador en la celebración de Aramayo es que ignora que ese proyecto de los notables vizcarristas está dirigido en contra de su jefa política. ¿Alguien cree que Keiko Fujimori podría postular a algún cargo público con semejante parche constitucional? ¿No existe la suspicacia de que los núcleos marxistas, simplemente, barrerán con los candidatos de la centro derecha? Planteamos estos argumentos utilitarios y no los de la doctrina constitucional porque hoy nadie parece interesado en la voz de los constitucionalistas. Todos escuchan la voz de los periodistas propagandistas, que repiten libretos establecidos.

¿Por qué está surgiendo un Frankenstein constitucional? Por ejemplo, si se aprueba la reforma que celebra Aramayo existirá una presunción de inocencia recortada para ejercer derechos políticos y una completa para las demás actividades. ¿Y si le agregamos una recortada para las actividades empresariales? La cosa es gravísima porque se olvida que detrás de la presunción de inocencia existe una historia de debates de varios siglos. Es lo mismo que sucede con la inmunidad parlamentaria.

Las dos cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo (para el referendo y para los seis proyectos de los notables vizcarristas), pues, están destruyendo el ordenamiento constitucional que surgió con la Carta de 1993. Los problemas que se acumulan en la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia lo grafican. Un examen de conocimientos colocado adrede en la ley vizcarrista lo explica todo. La norma constitucional que prohíbe que los privados financien las campañas en radio y televisión es otro exabrupto copiado de la experiencia brasileña y de los países en los que la izquierda pretende separar democracia y capitalismo, más allá de que los medios tradicionales celebren la medida. Y, finalmente, la prohibición de reelección para los congresistas es un misil en contra de los partidos y la continuidad de una élite política, sobre todo por la ausencia de bicameralidad.

¿La destrucción de nuestra Carta Política es un objetivo que Vizcarra impulsa adrede o es solo la consecuencia de una estrategia de popularidad? Respuesta difícil: la izquierda marxista, ya sea en su versión caviar o anticapitalista, nunca creyó en el modelo económico de la Carta Política, porque a ella el sector privado ni le va ni le viene. En ese sentido, todo parece organizarse para favorecer la estrategia que busca una asamblea constituyente. Veremos.