Las tribulaciones del vizcarrismo

La aprobación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, de alguna manera, representa una nueva derrota de la administración de Martín Vizcarra. El Legislativo rechazó ese igualitarismo casi senderista (que anulaba a la meritocracia como principio) que proponía que la composición del organismo encargado de nombrar, evaluar y remover magistrados estuviese conformado por varones y mujeres de manera paritaria. Si el traspié gubernamental todavía no se visibiliza por completo es porque los medios tradicionales siguen señalando que los problemas y los males del Perú provienen de las cuitas de Fuerza Popular.

El asunto de la paridad de género se convirtió en la bandera de todas las ONG de izquierda, encabezadas por IDL y Transparencia, entre otras, porque quizá era el atajo más sencillo para intentar controlar el nuevo organismo del sistema de justicia. La izquierda ha dejado en claro más de una vez su vocación controlista de las instituciones. Bueno, Vizcarra había hecho suya esta bandera, pero el asunto no pasó. La primera derrota del vizcarrismo (que también pasó desapercibida por la renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía) fue la propuesta de reorganizar el Ministerio Público. La iniciativa fue rechazada de manera abrumadora.
¿Qué significan estos hechos? Ahora sí parece apropiado señalar que se ha detenido el blitzkrieg vizcarrista que se propuso controlar instituciones y logró encarcelar a la dirigencia de Fuerza Popular con una investigación preliminar. Desde los CNM-Audios, pasando por el referéndum, la renuncia de Chávarry y el apresamiento de un sector de la oposición, nada parecía detener al bloque vizcarrista. Hoy eso ha cambiado. No solo hay derrotas, sino retrocesos y defensivas: CV del fiscal Domingo Pérez, filtración del acuerdo del Estado con Odebrecht, relaciones de la empresa CyM Vizcarra con Odebrecht, contratos millonarios para remodelar Palacio, entre otros. De alguna manera Vizcarra se reubica en la “normalidad”.

El bliztkrieg vizcarrista, organizado por las ONG marxistas y los aventureros que rodean al jefe de Estado, se basó en un principio: las masas —al igual que la marcha de los Cuatro Suyos de los noventa— iban a imponer sus fueros. Sin embargo, no hubo masas y las multitudes convocadas fueron reemplazadas por las puntuales encuestas de Ipsos. Además, si bien el Congreso dejó en claro la escasez de políticos de vieja escuela, la resistencia de Chávarry y el surgimiento de una débil oposición en las redes y la sociedad señaló que no era fácil controlar una república con dos décadas de continuidad democrática.

Hoy, si bien Vizcarra tiene una popularidad soberbia, de alguna manera ha vuelto a pisar superficie. Por ejemplo, controla y no controla el Congreso. Allí están las derrotas mencionadas y la posibilidad de que surja una comisión investigadora que apunte a la cornisa de Palacio. En ese contexto, él está obligado a volver a conversar no solo con el indescifrable presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, sino con todo el espectro de la cámara.

Pero he aquí lo más importante: Vizcarra está obligado, como mínimo, a gobernar, a solucionar los problemas de la gente, a restablecer la autoridad frente a gobernadores antisistema que pretenden construir estados dentro del Estado unitario. Más allá de los anuncios de un Plan Nacional de Competitividad, imaginar que la actual administración impulse reformas (laboral y de infraestructura, por ejemplo) resulta una posibilidad lejana, sobre todo en “la democracia de la popularidad” que parece haberse instalado.
En cualquier caso, la política regresa a sus medianías, a la espera de las elecciones del 2021. Sin enemigo que encarcelar a la vista, todo parece volverse cuesta arriba. Veremos.