El peligro del adelanto de elecciones

Las supuestas relaciones laborales del presidente Kuczynski —negadas por el propio Jefe de Estado— con Odebrecht, en calidad de consultor privado, han llevado a ciertos sectores a hablar de la posibilidad de una renuncia del presidente o de un escenario con adelanto de elecciones. Con la vehemencia que la caracteriza, y como si la democracia del Perú fuese una simple federación universitaria, la congresista Yeni Vilcatoma ha solicitado que el presidente Kuczynski renuncie al cargo. De súbito los medios que ayer amplificaban las versiones oficiales hoy rebotan la noticia.

No se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que el caso Lava Jato y la manera como el Ministerio Público ha abordado las cosas pueden desatar una crisis de gobernabilidad que obligaría a utilizar todas las herramientas constitucionales establecidas por la Carta Política para enfrentar este clase de circunstancias. Sin embargo, bajo ningún escenario hipotético se debería considerar la posibilidad de un adelanto de elecciones. Las razones son de Estado y de interés nacional.

Si alguien cree que acelerando los cronogramas electorales resuelve una crisis y gana, se equivoca de cabo a rabo. En América Latina las alteraciones de los calendarios electorales —al margen de los motivos— en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, desataron la tiranía de las muchedumbres que encumbraron a caudillos populistas que luego sometieron a las instituciones. Y si se trata de ejemplos contrarios y distantes, vale mencionar que en Estados Unidos asesinaron a cuatro jefes de Estado y, no obstante, los cronogramas electorales se cumplieron a pie juntillas, respetándose la línea de sucesión republicana. De allí la grandeza republicana del gigante del norte.

Planteada las cosas así, entonces, en la democracia peruana, que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones, un objetivo fundamental de todos los demócratas debe ser garantizar que la actual administración entregue el poder en el 2021 y que nuestro sistema político envejezca, en el mejor sentido del término.

Pero existen otros argumentos. En la medida que en la democracia peruana las dos instituciones elegidas por todos los peruanos son la Presidencia y el Congreso, el artículo 117 de la Constitución establece que el jefe de Estado (exceptuando ciertos casos) no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato. De modo que el piso está más parejo de lo que parece, al margen de las pasiones mediáticas e irresponsabilidades de la señora Vilcatoma.

Junto a las razones de Estado y las reflexiones constitucionales, también están los cálculos y los intereses políticos. Y el más interesado en evitar el adelanto de elecciones debería ser el fujimorismo. ¿Por qué? Un adelanto de elecciones crearía la imagen de que la democracia y el modelo económico y social inaugurado con las reformas de los noventa es fagocitado por la corrupción y, de una u otra manera, la moledora también se encargaría del movimiento naranja. De allí al que “se vayan todos” apenas hay unos milímetros.

Si, al margen de cualquier evento, la democracia respeta el cronograma electoral, todos las panacas del antifujimorismo serán investigadas, procesadas y sentenciadas, mientras los naranjas se sentarán en la platea con su cajita de pop corn y observaran cómo la vida se encarga de las revanchas. De allí a ganar las elecciones sin hacer campaña hay un trecho bastante corto.

Sin embargo para que este escenario —absolutamente favorable al fujimorismo— funcione, el movimiento naranja tiene que cargarse la democracia a las espaldas, llevar a la errática nave pepekausa hasta el 2021, parlamentarizando el Ejecutivo, y además impulsar algunas reformas promercado, para ser fieles a la historia y la tradición de las reformas desreguladoras de los noventa.

¿Soñar no cuesta nada? La buena política y la buena historia están hechas de sueños en la noche más oscura. En política siempre sucede lo mejor y también lo peor. Veremos.