Jaque a la justicia plebiscitaria

En esta columna no nos cansaremos de repetir que, luego de los CNM-Audios y el referéndum, en el Perú se instaló una “democracia plebiscitaria”, en la que se relativizó la Constitución y las leyes en función del estado de ánimo de una mayoría circunstancial que alentaban el presidente Vizcarra, los medios tradicionales y algunos sectores políticos. Como parte de ese proceso se bastardeó nuestra Carta Política, estatizándose las campañas electorales nacionales con la prohibición a los candidatos de contratar publicidad en radio y televisión. Hoy el Estado y una oligarquía de medios tradicionales, tienen más poder en el futuro del país. Igualmente se aprobó a empellones una reforma de la justicia que, tarde o temprano, tendrá que ser revisada.

Sin embargo, una de las cosas más graves en contra de la construcción de la República fue el surgimiento de una “justicia plebiscitaria”, también alentada por Vizcarra, los medios tradicionales y las encuestadoras. Los fiscales y jueces, en vez de guardar las reservas a las que están obligados los magistrados que deciden sobre la libertad de las personas, se convirtieron en verdaderos media stars. Quizá la transmisión en cadena de los juicios en contra de Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular por todos los medios tradicionales exprese el paroxismo de esta apuesta por construir una justicia plebiscitaria.

El resultado: un sector importante de la oposición política —Keiko y la dirigencia de Fuerza Popular— hoy está encarcelada por tres años, y solo con una investigación preliminar. Como todos sabemos, la llamada investigación preliminar puede terminar en el archivamiento del caso o en la acusación fiscal, etapa en la que recién empieza el juicio. Bueno, un sector de la oposición está encarcelado sin juicio. Algunos incluso fueron apresados sin imputación concreta. Si a estos hechos le sumamos que las detenciones provisionales se han convertido en la regla -y no la excepción- de la mayoría de procesos, tenemos un panorama complicado en la justicia.

Semejante barbarie sucedió en medio de una unanimidad mediática que promovió y aplaudió los encarcelamientos. El fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho competían en fama con Gareca, Paolo Guerrero y Cueva. Ahora bien, ¿qué sucedería si la dirigencia de Fuerza Popular es declarada inocente, tal como lo señalan todos los especialistas? ¿Qué sucedería si el suboficial PNP, Elvis Miranda, con detención provisional por haber disparado su arma de reglamento contra un delincuente avezado en medio de una operación policial, también es declarado inocente? Hasta hoy parecía que nada. Los magistrados plebiscitarios solo habían disfrutado de su cuarto de hora y punto.

Sin embargo, el congresista Clayton Galván, integrante de la bancada de Cambio 21, acaba de presentar un proyecto de ley para que una persona que sea declarada inocente por el Poder Judicial, luego de haber padecido una detención preventiva arbitraria, pueda solicitar la sanción penal contra de los magistrados que dictaron el encarcelamiento y la indemnización civil respectiva. Incluso se propone que la indemnización a pagar no sea menor a los S/ 800,000. La propuesta de Galván desarrolla el artículo 139 de la Constitución, inciso 7, que señala como uno de los principios de la función jurisdiccional “la indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar”. Es evidente que el Estado deberá proveer todo lo necesario para hacer efectivas estas medidas.

En una república no se gobierna con las mayorías, sino con la Constitución, la ley y las instituciones. Y una república es superior cuando acumula más contrapesos, equilibrios y control del poder. Si el fiscal Pérez y el juez Concepción están obligados a asumir las responsabilidades administrativa y penal por las encarcelaciones arbitrarias que alentaron, entonces la república habrá construido un contrapeso real. No habrá IDL, ni gorritis, ni candidatos a rasputines tercermundistas, que se propongan judicializar a sus adversarios con arbitrariedades legales. Así sucede en las repúblicas longevas. ¡A aprobar de inmediato el proyecto de Galván!