Efectos de un asilo negado

Si bien la negativa del Uruguay de conceder asilo político a Alan García representa una grave derrota para la estrategia del líder aprista —y seguramente complicará su situación frente a los fiscales y jueces carceleros— es evidente que en estos procesos judiciales hay un antes y un después de la demanda de asilo. De allí que el acto político de García tenga una enorme validez, al margen de que la moledora mediática —cada vez más vergonzosa— quiera presentarlo como un derrotado en todas las líneas.

Hoy, por ejemplo, la detención de García en base a los “trabajos de investigación” de Gustavo Gorriti y el correspondiente apanado mediático ya no parece posible. ¿Alguien duda de que se iba a detener a García? El rodillo mediático señala que nunca hubo tal intención, luego de que un desconocido Rafael Vela —jefe de los fiscales del caso Lava Jato— dijera que nadie quería detener a nadie. Una detención arbitraria volvería a colocar los reflectores internacionales en el caso. Si bien aquí no creemos que García sea un ángel celestial, es incuestionable que contra el líder aprista todavía no hay nada más allá de las “investigaciones” de Gorriti y la voluntad del fiscal Pérez de presionar a los implicados con diversas estratagemas judiciales.

De otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea y el Uruguay han señalado que en el Perú existe división de poderes. Bueno, si las cosas son así, semejantes pronunciamientos representan un verdadero espaldarazo para la continuidad de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación. Y no se necesita ser zahorí para entender que los días de Domingo Pérez como inquisidor de políticos, magistrados y del propio fiscal de la Nación han terminado. En otras palabras, hoy Chávarry es más fuerte que antes de la demanda del asilo.

¿A qué vamos? La estrategia de judicialización y encarcelamiento que desarrollan abiertamente Gorriti y Pérez ha sufrido un duro estate quieto. Las posibilidades del presidente Vizcarra de presionar para la salida de Chávarry, igualmente, se han reducido. Y más allá de que la moledora mediática continúe intentando quebrar al Fiscal, las cosas han cambiado radicalmente.

En el Perú, un sector judicial, ciertas ONG (lideradas por IDL-Reporteros) y los medios tradicionales han promovido el linchamiento de una mayoría sobre una minoría, violando la Constitución y las leyes procesales. Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular están encerrados por 36 meses solo con una investigación preliminar (sin acusación ni juzgamiento), luego de un proceso en que los histrionismos del fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho fueron transmitidos en cadena nacional por los medios tradicionales. Y los fuerzapopularistas están encerrados sin haber manejado un sol del Estado. Increíble.

Congresistas, empresarios y políticos en general han entrado en pánico porque un sector judicial del Estado puede utilizar “técnicas judiciales en contra de esposas y hermanos”, al mejor estilo de la KGB y la ex policía soviética. Algunos creen que callando sobre estos abusos en contra de las minorías están a buen recaudo. Grave error. El autoritarismo solo avanza porque la sociedad lo permite, porque los políticos, los magistrados, los empresarios y los intelectuales no asumen su papel en la defensa de las instituciones, las leyes y los procedimientos.

Los analistas oficialistas se preguntan por qué Alan García, el político con más desaprobación (¿no era Keiko?), tendría que ser perseguido por el Gobierno. La pregunta sería válida si es que García solo existiera para la candidatura presidencial. En ese sentido, el líder aprista no parece tener viabilidad electoral. Sin embargo García no solo ha sido candidato, sino que también se ha dedicado a detener reelecciones en curso. Lo hizo con la posible reelección conyugal de Nadine Heredia, cuando el nacionalismo trepaba en las encuestas. ¿Si alguien sueña con la reelección de Vizcarra acaso no es una necesidad neutralizar a García? Ya lo hizo Montesinos.