Audios, marchas y adelanto electoral

Una de las cosas que comienza a sorprender de los audios propalados —en los que se desnuda un repudiable tráfico de influencias de magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Fiscalía y el Poder Judicial— es que solo se mencione al presidente Martín Vizcarra y se hable de una misteriosa señora “K”, que se vincula a Keiko Fujimori. ¿Y qué pasó con Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán, los principales dirigentes políticos ligados a la corrupción Lava Jato? ¿Han hecho contrición y nunca intentaron hablar con fiscales y jueces? Podría tratarse de una desgraciada casualidad para Vizcarra y Keiko, pero ¿acaso no deberíamos levantar una ceja y comenzar a mirar más allá de lo evidente? Cuando Diego García Sayán propone que la Corte Interamericana participe en la reforma del sistema de justicia peruano, de una u otra manera, las cosas se empiezan a aclarar.

Igualmente, cuando la coalición mediática —hoy consolidada por el retiro del subsidio estatal a los medios privados— encabezada por el diario La República, a través de sus principales columnistas llama a las masas a tomar las calles para luchar contra la corrupción, el mundo de las sombras comienza a asumir formas definidas: la izquierda caviar, el establishment organizado en los últimos 18 años, pretende contragolpear luego de la renuncia de Kuczynski. El establishment se cree eterno y pretende que las cosas sigan tal como estaban con Toledo, Humala y PPK.

Todo parece indicar que lo menos que le interesa a este sector es la lucha contra la corrupción y el impulso a la reforma del sistema de justicia. De lo contrario estaría tratando de organizar un momento de convergencias entre el Ejecutivo y el Legislativo que posibilite esa reforma, y jamás habría apoyado a los magistrados prevaricadores del Tribunal Constitucional que convirtieron un hábeas corpus a favor de los marinos en uno en contra.

Si las masas no salen a las calles en el Perú en la lucha contra la corrupción solo se explica porque en el Perú, más allá de las maniobras del establishment, no existe impunidad. Allí están Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y los generales de los noventa procesados y sentenciados. Allí también están las investigaciones y procesos contra Toledo, Humala, PPK y Villarán —sobre todo por la presión mediática—, más allá del esfuerzo de algunos fiscales por desviar la atención hacia otros sectores (Alan García y Keiko). Quizá el Perú sea uno de los países de la región en los que hay menos impunidad, no obstante las campañas de la izquierda.

Sin embargo, la coalición mediática encabezada por La República pretende acuñar la idea de que en el Perú no solo hay una corrupción institucionalizada —lo cual es extremadamente cierto—, sino que ciertas instituciones buscan la impunidad. Enseguida se agrega que el Congreso es el motor de la impunidad. De allí la convocatoria a las masas a las calles. Es decir, la impunidad no proviene de las intenciones de ciertos fiscales de pasar por agua tibia a Toledo, Humala, PPK y Villarán, sino de las intenciones demoníacas del Legislativo.

El grupo de irresponsables que alienta una estrategia a la boliviana contra la corrupción no tiene la menor idea de las consecuencias de semejante estrategia. Hasta hoy no ha habido masas, por lo indicado líneas arriba. El día que las muchedumbres tomen las calles en contra de la corrupción, el pánico se extenderá, principalmente en las redacciones de la coalición mediática que alientan esta estrategia, y que hoy lamentan el subsidio estatal retirado. Ese día enfrentarán la disyuntiva de subirse al carro de los aventureros que pulularán exigiendo el adelanto electoral o aferrarse a la Constitución para enfrentar la crisis, tal como plantean los demócratas de buena voluntad. En todo caso, a tomarse una buena taza de valeriana.