La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
El presidente Vizcarra viajó al sur del Perú (Arequipa), con el objetivo de reunirse hoy con los gobernadores del Cusco, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Ica y Apurímac. Y también hoy es el día del llamado “paro macrorregional” en el sur, que impulsan Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, y Marco Arana, líder del Frente Amplio, Marco Arana; un paro que busca que el el Estado retire la licencia de construcción del proyecto Tía María.
Unas horas antes de la reunión Vizcarra, los mencionados gobernadores del sur firmaron una carta solicitando al jefe de Estado un compromiso para “impulsar una ley de reforma de la ley de Minería” que incorpore la consulta previa en todos los proyectos mineros, que convierta al Estado y a los pueblos en accionistas de los proyectos, que implemente fondos de compensación para los pueblos y que aumente el canon. Asimismo, exigen un proceso de concertación en el valle de Tambo, así como en Las Bambas, Candarave, Espinar, Chumbivilcas y Llallimayo.
¿Es correcto que el presidente Vizcarra viaje al sur cuando los radicales tienen bloqueada la vía de Islay, mediante la cual se transporta el mineral de todas las minas del sur hacia el puerto de Matarani? ¿O que haga el viaje el mismo día que Elmer Cáceres y Marco Arana pretende desarrollar una asonada en Arequipa para organizar otro “Arequipazo” que obligue a retirar la licencia de construcción de Tía María? En cualquier caso, las preguntas son válidas y alertan sobre las necesarias prudencias. Finalmente, en este portal se debe reconocer la decisión del Ejecutivo de continuar con el proyecto Tía María, no obstante el activismo frenético de los comunistas y los sectores antimineros.
Sin embargo, queremos alertar al propio presidente y a la comunidad nacional del grave error que podría significar allanarse a las demandas legislativas que están proponiendo los gobernadores regionales. Al cierre de esta edición todavía no se conocían de los acuerdos de la junta. Aceptar la idea de que los proyectos de minería deben tener consulta previa obligatoria, al margen de que sean o no pueblos indígenas, en la práctica, sería terminar con las posibilidades de la minería en el país. ¿Por qué? Los sectores comunistas y antimineros utilizarían estos recursos para detener todos los proyectos en curso con el objeto de ralentizar la economía —sin inversión minera— y aumentar la pobreza. El objetivo: convertir las elecciones del 2021 en un ajusticiamiento de la economía de mercado. Igualmente, asumir la propuesta de convertir a las comunidades en accionistas, a tontas y locas —tal como se ha hecho con la reforma judicial y política— podría generar un escenario en que la inseguridad jurídica se generalice de tal manera que la mayoría de inversiones mineras se paralice.
De la misma manera la propuesta de desarrollar “un proceso de concertación” en el valle de Tambo, Las Bambas, Candarave, Espinar, Chumbivilcas y Llallimayo, en realidad, está planteando un proceso de “concertación de todas las minas emplazadas en el Corredor Minero del Sur”, en donde —en la mayoría de los casos— hay excelentes relaciones entre las empresas y las poblaciones.
El presidente Vizcarra debería, pues, estar más que alerta. Si bien todo indica que el jefe de Estado mantendrá la decisión en Tía María, sería un gravísimo error que cayera en el discurso fácil y la prédica populista; sobre todo ahora que las encuestas revelan que la popularidad sube, pero baja muy rápidamente cuando la aprobación sube sin gobernar demasiado. Si el presidente Vizcarra se decide por la demagogia y elaborar un nuevo paquete de proyectos populistas para la minería, debería ser consciente de que la mayoría de congresistas irá corriendo a aprobar las medidas. Casi no habría conflicto, pero la inversión minera comenzaría a ser detenida.
Hoy las cosas están claras. La continuidad del proyecto Tía María es la continuidad de la minería; sobre todo en el llamado Corredor Minero del Sur, que produce más del 50% del cobre nacional. La continuidad de Tía María es la continuidad de nuestra cartera de proyectos mineros, que suma US$ 62,000 millones y, que de estar en ejecución, nos permitiría crecer sobre el 5% y arrinconar la pobreza por debajo del 14%. Los comunistas, eternos industriales de la miseria, quieren evitar ese posible escenario de crecimiento y reducción de pobreza.
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