US$ 15,000 millones en inversiones mineras en peligro

El llamado Corredor Minero del Sur es una de las zonas mineras con mayor potencialidad en el planeta —sobre todo en cobre— y representa la producción del 50% del metal rojo del Perú. Es decir, una de las claves que explica el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, la violencia de los sectores antimineros y el bloqueo de carreteras ha comenzado a amenazar el desarrollo y la construcción de los 15 proyectos en marcha, que permitirán generar miles de puestos de trabajo y reducir pobreza en Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno.

La violencia en las zonas mineras tiene una explicación: el fracaso del Estado en la redistribución de la renta minera a través de carreteras, escuelas, postas médicas, infraestructura y servicios en general. Como todos sabemos, el Estado se llena los bolsillos con los impuestos que cobra a las mineras, pero es incapaz de redistribuir adecuadamente esos recursos. En ese contexto aparece el antiminero o el simple extorsionador y, en vez de buscar alianzas entre las poblaciones y las empresas para emplazar al Estado, demoniza a las compañías. Y en ese escenario se desarrolla una alta conflictividad. Para agravar las cosas, la policía, los fiscales y los jueces suelen hacerse de la vista gorda frente a la violencia que bloquea carreteras.

Según el Ministerio de Energía y Minas, los indicados proyectos suman una inversión de US$ 15,000 millones y podrían entrar en operaciones entre el 2022 y el 2024. Sin embargo, la violencia antiminera, tal como sucedió en el norte (en Cajamarca), podría terminar paralizando o bloqueando los emprendimientos. La amenaza es real. No hay alarmismos.

En Apurímac, por ejemplo, se podrían afectar los proyectos de Hierro Apurímac de Apurímac Ferrum y Los Chancas de Southern Perú. Otras inversiones en peligro podrían ser Trapiche del Molle Verde S.A.C., Antilla de Panoro, Anubia del Grupo Guido del Castillo, Haquira de Minera Antares Perú, Cotabambas de Panoro. En Arequipa están Tía María de Southern, Pampa del Pongo de la minera Jinzhao Mining, Zafranal de la Minera Zafranal y Don Javier de Junefield Group. En el Cusco están los proyectos Quechua de la Minera Quechua, Integración Coroccohuayco de Glencore PLC y Azod de Exploraciones Collasuyo. Y en Puno, Corani de Bear Creek Mining.

De los señalados emprendimientos mineros los de mayor volumen de inversión son Los Chancas, con US$2,800 millones: Pampa del Pongo, que suma US$ 2,200 millones; Haquira, con US$1,860 millones; Cotabambas, con US$1,533 millones; y Tía María, con una inversión proyectada de US$1,400 millones, entre otros.

Asimismo, vale considerar que en el llamado Corredor Minero del Sur están las minas que aportan más del 50% de la producción de cobre nacional. Por ejemplo Las Bambas, que suma una inversión de US$ 10,000 millones; la Ampliación de Cerro Verde, con US% 5,6000 millones; Constancia, con US$ 1,7000 millones; Antapaccay, con US$ 1,4000 millones; y Tía María, en proceso de invertir igualmente US$ 1,400 millones.

Es urgente, pues, que el Ejecutivo, el Legislativo y la clase política en general empiecen a mirar con preocupación el desarrollo de los acontecimientos de las minas del sur. No puede ser que todas las potencialidades de desarrollo que representan las inversiones mineras estén en peligro por el fracaso del Estado en la redistribución de la renta minera, en la defensa de la Constitución y la ley frente a la violencia, y por la acción de pequeños grupos antimineros, enemigos de los pobres.