¡Todo el Perú contra la criminalidad!

Basombrío denuncia liberación judicial de delincuentes

En un acto insólito, inaceptable desde cualquier punto de vista, el juez Felipe Ismael Orozco Huayanay, de la Corte Superior de Huaral, ordenó la liberación de 29 detenidos en el megaoperativo de Huaral en que se capturó a tres policías comprometidos en corrupción (un comisario y dos suboficiales), y 26 civiles que pertenecerían a la organización criminal “Los Monos de Quepampa”.

El hecho adquiere ribetes de un escándalo nacional considerando que, según información del Ministerio del Interior (Mininter), en el señalado megaoperativo participaron treinta fiscales y 500 policías. El asunto desató tal indignación ciudadana que el Poder Judicial ha anunciado que se investigaría al mencionado juez de Huaral.

Ahora bien, parece extremadamente difícil que treinta fiscales se equivoquen al presentar las correspondientes acusaciones. Todo parece indicar entonces que el juez Orozco deberá responder ante las investigaciones. Pero eso no es todo. Según el Mininter, la Policía Nacional y el Ministerio Público, un total de 42 detenidos que pertenecerían a dos bandas criminales han sido liberados.

Frente a estos hechos queda en absoluta evidencia que si el Estado no se cohesiona en una sola voluntad y una sola acción institucional será imposible enfrentar el desborde de la criminalidad en el Perú. Todos debemos saludar el voluntarismo del ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ha denunciado la extraña conducta del juez de Huaral, pero es innegable que la acción del sector Interior y de la policía no es suficiente. Ni siquiera la suma de la Policía y el Ministerio Público resuelve las cosas si el Poder Judicial se pone de espaldas, tal como ha sucedido en este caso.

En diversos editoriales publicados en este portal hemos sostenido que el jefe de Estado debe encabezar la lucha contra el desborde de la criminalidad que azota al país, porque él es el Primer Magistrado de la Nación y tiene la suficiente autoridad para cohesionar —en primer lugar— el trabajo de los sectores de Interior y Justicia dentro del Gabinete y —en segundo lugar— convocar al Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público a una gran cruzada nacional para restablecer la seguridad ciudadana en el país. En este contexto, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debería ser un foro permanente de discusión e implementación de políticas de Estado para frenar el desborde criminal.

Siempre vale recordar que, según el Barómetro de las Américas del 2014, el Perú tiene una de las tasas más altas de victimización. Alrededor del 30% peruanos ha padecido un acto delincuencial. Es decir, 10 millones de ciudadanos ha sido víctima de un delito. Pero no solo se trata de cifras ni de áreas remotas a donde no llega el Estado. En la propia capital existen zonas en las que no sería exagerado hablar de un orden impuesto por la delincuencia: se cobran cupos en todas las actividades económicas y negocios a cambio de “protección”. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho y el emporio comercial de Gamarra las bandas de delincuentes empiezan a organizar estos sistemas de extorsión que han convertido a Trujillo, Chiclayo y Piura en verdaderos far west, en reales zonas liberadas de la autoridad estatal.

Ningún peruano de buena voluntad puede ponerse de costado ante los esfuerzos del Mininter, pero igualmente es necesario precisar que el voluntarismo no es suficiente. Se necesita que el Estado golpee en una sola dirección. ¡Todo el Perú contra la criminalidad!

Ilustración: Giovanni Tazza