¡Se profundiza la crisis política!

El presidente Castillo, una vez más, se ha embarcado en una tormenta en la que se acumulan argumentos sobre la inviabilidad de su administración. Ya no se trata de la constituyente y de los anuncios de nacionalizaciones que destruyen la economía y paralizan la inversión privada, sino de las reuniones que sostuvo en Breña con empresarios y ciudadanos, fuera de Palacio de Gobierno, y al margen del escrutinio público que establece la Ley de Transparencia.

Luego de las denuncias contra el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y después de revelarse contratos irregulares de familiares de algunos ministros con el Estado, las reuniones presidenciales en Breña comienzan a parecerse a una lluvia torrencial sobre superficies mojadas. La propia Defensoría del Pueblo ha demandado que se intensifiquen las investigaciones sobre estas juntas.

Todos estos acontecimientos se producen en momentos en que un significativo grupo de congresistas ha presentado una moción de vacancia. Tal como van las cosas, por lo menos, podría suceder que se apruebe con 52 votos congresales la presencia en el hemiciclo del jefe de Estado para responder a las argumentaciones que respaldan la vacancia. Cualquiera sea el resultado del proceso de vacancia, a estas alturas, el Gobierno de Pedro Castillo comienza a ser uno de los más débiles, inviables e ineficientes de la historia reciente.

Los efectos destructivos de la llegada de Pedro Castillo al poder, realmente, son inconmensurables. El anuncio de la asamblea constituyente y de las nacionalizaciones ha detenido tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. Todos los economistas y proyecciones señalan que la inversión privada se desplomará hasta en dos dígitos en el 2022.

De esta manera, el próximo año el país podría ser uno que aumente pobreza, en precisos momentos en que los precios del cobre alcanzan niveles históricos altos y cuando todo indica que el Perú podría crecer por encima del 5% del PBI –debido al precio de los minerales– y reducir pobreza hasta por debajo del 15% de la población. El Perú entonces se baja del carro del crecimiento por exclusiva responsabilidad de la administración Castillo.

Pero no solo se trata de un frenazo. La caída de la inversión privada y la postergación de nuevas inversiones es un proceso que no se puede revertir en corto tiempo. Recuperar la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros tomará por lo menos dos gobiernos. Los mercados son organismos vivos que solo respiran y se alimentan de información pública.

Recuperar la credibilidad del país y sanear las cuentas nacionales melladas por la voracidad fiscal –aumento del déficit y de la deuda pública– del Ministerio de Economía y Finanzas en busca de financiar los bonos, igualmente, demandará un esfuerzo de reconstrucción nacional.

Si a estos hechos le sumamos la destrucción de políticas públicas –como la carrera docente, la reforma del transporte, el sistema de la seguridad social, la institucionalidad de las fuerzas armadas y policiales–, el balance de las semanas de gestión de Castillo asemeja a los efectos destructivos de un terremoto.

Sin embargo, el Gobierno empieza a desmoronarse por mano propia. Ni siquiera se puede hablar de una oposición obstruccionista. Dos gabinetes muy cuestionados recibieron la confianza del Congreso, pero el Ejecutivo se ha convertido en una máquina de sumar errores.

El Perú entonces está siendo destruido no obstante que ninguna de las propuestas delirantes del Ejecutivo –llámese constituyente, rondas urbanas y nacionalizaciones–se pudo implementar. Sin embargo, la destrucción de la economía y las instituciones pueden convertirse en los argumentos perfectos para crear una crisis artificial, ideológica, y pretender justificar el golpe de la asamblea constituyente.

¡La mayoría de peruanos debe reaccionar!