¿Quién defiende al sector privado?

Desde la pasada administración Vizcarra y durante el avance de la pandemia y la implementación del estado de emergencia, sin lugar a dudas, el sector privado en el Perú ha sido sometido a un ataque total, tanto desde el Ejecutivo como del nuevo Congreso interino.

La paradoja de la artillería en contra del tejido empresarial del Perú es que se produce cuando el Estado, los políticos y los burócratas ideologizados han fracasado en todas las líneas en organizar una respuesta estatal mínima frente a la pandemia. No hay política pública eficaz ni los hospitales están equipados; y en el colmo de las tragedias, un Estado con enormes recursos fue incapaz de firmar contratos para adquirir vacunas y garantizar la inmunización de la sociedad en el 2021.

Pero no solo se trata de esa paradoja. Hay otra muy grave: a pesar de la recesión en curso, el sector privado sigue financiando el 80% de los ingresos del Estado y sigue garantizando el 80% del empleo en el país. Si consideramos la enorme informalidad, que crece como parte del sector privado, entonces el gran ausente, el gran responsable, es el Estado y nadie más.

Sin embargo, en una comisión del Congreso se acaba de aprobar un proyecto para establecer una línea aérea de bandera nacional. Es decir, otra vez el fantasma de la empresa estatal ineficiente, con aviones sin mantenimiento, pero con enormes posibilidades para engordar la planilla estatal y la clientela. Igualmente, en el Legislativo –con la anuencia del Ejecutivo– se ha derogado la mejor ley económica de las últimas dos décadas, la Ley de Promoción Agraria, que establecía un régimen tributario y laboral especial, y que explica los US$ 20,000 millones de inversiones en el sector en dos décadas, más de un millón de trabajadores formales en el agro y el incremento de nuestras agroexportaciones de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones. Es decir, se ha derogado la ley que explica el mayor milagro agroexportador de nuestra historia.

Y las leyes anti inversión y anti mercado proliferan como hongos luego de las lluvias. Allí está la norma que establece topes a las tasas de interés, que excluye a los pobres del crédito formal. Asimismo, allí está la descabellada iniciativa de estatizar el sistema privado de pensiones y colocar más de S/ 150,000 millones bajo la conducción del Estado; es decir, entregar el mayor ahorro privado de nuestra historia a la voracidad de burócratas ideologizados que no comprenden de dónde provienen los recursos que financian al Estado.

En este contexto es legítimo preguntarse, ¿quién defiende al sector privado? ¿Quién defiende al sector que lideró un crecimiento vertiginoso en las últimas tres décadas y logró reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, hasta antes de la pandemia? 

Y estas preguntas se vuelven dramáticas cuando vemos que no solo en el Congreso interino y en el Ejecutivo también interino hay una animadversión contra el sector privado y el empresariado, sino también en un puñado de candidatos, quienes suelen repetir mecánicamente que el actual modelo económico solo ha servido para enriquecer a un puñado de poderosos, ignorando a los millones de migrantes pobres que, en menos de dos décadas, pasaron a ser los grandes consumidores urbanos.

De pronto hasta los defensores de la economía de mercado y las diversas corrientes opositoras parecen inhibidas en la defensa del sector privado. Estas distancias contrastan con los esfuerzos y voluntades que suelen desarrollar las corrientes colectivistas, comunistas y populistas, para proponer normas e iniciativas en contra del sector privado.

Quizá debería entenderse que en América Latina es muy complicado que prospere un proyecto autoritario que centralice el poder y las instituciones republicanas, si es que no se ha destruido el sector privado. Finalmente, cuando se liquida el tejido empresarial de una sociedad se produce la centralización del poder político y del poder económico. De allí que volvamos a preguntarnos, ¿quién defiende al sector privado?