La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
Todo parece indicar que la lucha para detener el desgobierno nacional que ha desatado el Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef será más larga y tortuosa de lo que algunos sectores consideran. En el Congreso no hay los votos suficientes para la vacancia por incapacidad moral del jefe de Estado o la inhabilitación de los miembros del Ejecutivo. Y la vacancia no es posible, porque las bancadas de Perú Libre –al margen de los artificios de supuestas divisiones–, Juntos por el Perú y los llamados “niños del Congreso”, suman más de 50 votos.
La transición entonces no parece viable, al menos en el corto plazo. ¿Semejante situación acaso significa que la oposición –que ha reducido todo a la vacancia– no es viable? De ninguna manera. El objetivo de iniciar una transición del desastre nacional de Castillo no solo es una pelea en la cúspide del poder, sino que tiene que ver con un sistema de relatos y narrativas, de controles institucionales e influencias de bases que se impusieron en la sociedad en las últimas tres décadas.
El absurdo histórico de elegir a Castillo, el peor candidato de la historia nacional y de toda América Latina, al candidato menos preparado y con claros vínculos con el maoísmo colectivista, solo se puede explicar por las narrativas del Informe Final de la Comisión de Verdad, que mencionaban “un conflicto armado interno” o una supuesta “violación sistemática de Derechos Humanos”. Se eligió al peor porque el relato había creado otro “demonio peor”. Las locuras de las sociedades se construyen así.
Cambiar los relatos y narrativas, entonces, es fundamental para evitar que surja otro Castillo. Igualmente, debemos recuperar las instituciones republicanas para la Constitución y las libertades, tal como se hizo con la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional y debe hacerse con la elección del Defensor del Pueblo. Avanzar en las reformas políticas institucionales –la creación del Senado y la derogatoria de la prohibición de reelección parlamentaria– y en la reforma del sistema electoral son pasos fundamentales para evitar el regreso de otro Castillo.
Igualmente, se necesita defender la economía de mercado, la inversión y el empleo, para evitar que el aumento de pobreza cree un escenario favorable para las narrativas colectivistas en contra de la Constitución y a favor de las expropiaciones.
Sin embargo, para avanzar en ese sentido, se necesita reinventar a la oposición. ¿Es una frase que se la lleva el viento? La oposición puede resistir las ofensivas antidemocráticas del Gobierno e, incluso, ampliar las libertades políticas y económicas si se decide a gobernar sin ser gobierno. ¿Cómo? En primer lugar, restableciendo la mayoría parlamentaria que evitó la constituyente y las nacionalizaciones. Una mayoría que, en el acto, debería derogar los decretos del sector Trabajo, que pretenden colectivizar las relaciones laborales y elaborar una estrategia para elegir al Defensor del Pueblo y reformar el sistema electoral.
Pero no solo se trata de defenderse. En vez de que el Ministerio de Trabajo ponga la agenda laboral, el Congreso debería restablecer la vigencia de la derogada Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) e iniciar un debate sobre la flexibilidad laboral para formalizar cerca del 85% de los empleos y conectarse con los mercados populares, con los sectores emergentes y populares de todo el Perú.
Sin embargo, algo así no será posible si es que las principales fuerzas de oposición no forman una mesa de unidad nacional que desarrolle una estrategia y táctica común dentro y fuera del Congreso. Las fuerzas de la oposición de la centro-derecha por separado no tendrán posibilidades de forzar la transición política del desastre Castillo.
Muy por el contrario, la oposición democrática unificada tendrá posibilidades de superar limitaciones y, sobre todo, formar frentes regionales, provinciales y distritales para pelear las narrativas en las bases, para enfrentar al colectivismo y el progresismo.
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