No salvamos la República si no salvamos el modelo económico

El Congreso acaba de reivindicarse ante la sociedad peruana eligiendo a seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), todos ellos de respetable formación académica y de trayectoria personal decente. Una situación que nos permite prever un relanzamiento institucional del TC, luego de que la anterior mayoría convalidara el cierre inconstitucional del Congreso del 30 de setiembre de 2019.

Hay que felicitar entonces al Congreso. Igualmente se debe congratular al Legislativo por haber archivado el proyecto de referendo –que presentó el Ejecutivo– para convocar a una asamblea constituyente. Asimismo, se debe reconocer la ley que precisa el uso de la cuestión de confianza y evita que el Gobierno arrase con las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, tal como sucedió con el cierre inconstitucional del Legislativo, invocándose una supuesta “denegación fáctica de la confianza”, una figura inexistente en la Constitución Política del Perú.

Sin embargo, así como felicitamos al Legislativo se debe señalar que todos estos logros institucionales no tienen valor alguno si es que la mayoría del Congreso no defiende el modelo económico, el papel de la inversión privada y el impresionante proceso de reducción de pobreza de las últimas tres décadas que se ha experimentado en la sociedad.

Para decirlo con palabras diferentes. Si la sociedad peruana hubiese sido una con la mayoría de la población en pobreza, no sería descabellado imaginar que el plan del Foro de Sao Paulo para instalar una asamblea constituyente en el Perú se habría concretado. ¿Por qué? Porque en una sociedad con mayoría de pobres, con el hambre y la miseria extendiéndose, es relativamente sencillo imponer la demagogia: expropiaciones del sector privado y la ilusión de “la distribución de riqueza” para crear clientelas y establecer el control totalitario del poder.

Sin embargo, cuando Perú Libre asumió el poder, el país era una sociedad con cerca de 25% de pobreza y con clases medias relativamente extendidas y con centenares de mercados populares que configuraban un país de emprendedores. En ese contexto, las dádivas y regalos del Estado importaban poco. Lo que valía era que el Gobierno permitiera que la inversión privada y los mercados sigan expandiéndose.

El Gobierno de Castillo hizo todo lo contrario. Se lanzó a la constituyente, anunció nacionalizaciones y desató el desgobierno nacional. Alentó a las minorías radicales a lanzarse contra las empresas privadas –sobre todo las mineras– y el crecimiento se ralentizó, hubo menos empleo y el 2021 fue imposible recuperar los ingresos promedios previos a la pandemia. Se vino la invasión de Rusia a Ucrania, subió el petróleo y otros commodities y la canasta básica de los peruanos trepó a los aires. En ese escenario la sociedad explotó el 5 de abril pasado contra el gobierno de Castillo y la administración de Perú Libre se desmoronó.

La economía entonces ha sido –junto al Congreso– uno de los principales adversarios del proyecto de instalar una constituyente. No hay relato ni fábula valederas para justificar el frenazo de tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. Ni los asesores cubanos pueden convertirse en dioses para armar la narrativa.

Por todas estas consideraciones es absurdo que la mayoría de bancadas no se decidan a defender el modelo económico, al sector privado y a las empresas. En el Congreso no hay actores nítidos defendiendo la inversión minera, por ejemplo. Igualmente, todos parecen haber sido ganados por el mensaje colectivista en contra del sistema privado de pensiones y que busca la estatización del sistema previsional. Nadie se atreve a proponer el restablecimiento de la Ley de Promoción Agraria para relanzar las inversiones agrarias. Asimismo, no hay un compromiso claro con la inversión privada en la educación.

En otras palabras, no se entiende el papel de la economía y el crecimiento en la lucha contra la constituyente y el proyecto del Foro de Sao Paulo.