Las rondas: el proyecto de milicia de la administración Castillo

La administración Castillo ha lanzado la propuesta de generalizar las rondas campesinas en todo el territorio nacional, incluso en la capital de la República. El objetivo se ha explicitado en el mensaje de Fiestas Patrias del señor Castillo y en una de las primeras acciones del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, quien anunció que en el sur una supuestas rondas se encargaría de la seguridad del diálogo con las empresas mineras.

A nuestro entender, el asunto es demasiado grave porque revela la clara intención de construir un poder alternativo al sistema republicano, a la función que cumple la Policía Nacional del Perú (casi destruida por la administración Sagasti) y a las Fuerzas Armadas del Perú.

Antes de continuar vale aclarar que las rondas campesinas forman parte de nuestro ordenamiento constitucional y legal. El artículo 149 de la Constitución establece lo siguiente: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. 

Asimismo, la ley 27908, llamada ley de rondas, desarrolla los mencionados criterios constitucionales. 

Dos criterios se establecen en nuestro ordenamiento constitucional y legal: Primero, que las rondas colaboran con el Estado en el ámbito de las comunidades campesinas; y segundo. que la rondas pueden ejercer funciones jurisdiccionales sin violar los derechos de las personas y de manera subordinada a las entidades del Estado: PNP, Ministerio Público y Poder Judicial. 

Si la Constitución establece que el ámbito de las rondas es la comunidad campesina, es evidente que la administración Castillo busca relativizar el papel de la PNP en la seguridad ciudadana luego de que la administración Sagasti desarrollará el mayor proceso de destrucción de nuestra Policía Nacional en las últimas décadas (pasó al retiro ilegalmente a 18 oficiales generales). La decisión de convertir a la PNP en una entidad más de la seguridad ciudadana es parte del objetivo de utilizar el gobierno –al que se accedió constitucionalmente– para construir un poder alternativo, un poder soviético. El PCM Bellido, por ejemplo, habló de rondas en el sur, cuando en esa área nunca han existido; y el presidente Castillo habló de rondas en Lima.

El objetivo comunista es construir una fuerza de poder propio, al margen del sistema constitucional y legal, para bloquear inversiones y promover las estatizaciones. Y sobre todo para amedrentar a las movilizaciones ciudadanas que exigen el respeto a la Constitución y el ejercicio de las libertades políticas y económicas.

En Venezuela se ha contemplado el terrible papel de las milicias bolivarianas contra la oposición, y en Cuba hemos visto igualmente la función de las milicias contra las protestas cívicas. Por todas estas consideraciones y para restablecer la paz social en el Perú –que sigue quebrada– la administración Castillo debería anunciar el fin de este proyecto.

De otro lado el Congreso debería discutir una ley que permita aclarar cualquier vacío legal al respecto y establecer sanciones a quienes violenten el cumplimiento de las normas al respecto. Todas estas argumentaciones deberían llevarnos a iniciar una discusión de fondo sobre cómo se avanza en las reformas y fortalecimiento de la institución policial. Asimismo, se debería discutir cómo se restablece el principio de autoridad que los comunismos y progresismos han deteriorado; y cómo, finalmente, se concatenan los criterios de república, libertad, seguridad ciudadana y ejercicio constitucional de la fuerza, que las corrientes colectivistas suelen destruir en los sistemas democráticos.