La presidente Boluarte y su relación con la Constitución

Luego del fallido golpe de Pedro Castillo, el 7 de diciembre pasado, la presidente Dina Boluarte protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la historia nacional, en que el Estado de derecho construido en las últimas dos décadas enfrentaba la disyuntiva de sobrevivir o no frente a una ola insurreccional que había sido forjada en el año y medio en que Perú Libre y el Movimiento por la Amnistía de Derechos Humanos (Movadef) controlaron el Estado. Considerando que la presidente Boluarte provenía de los sectores de izquierda radical que impulsaban la insurrección, tirios y troyanos, el mundo entero y los mandamases de los países bolivarianos en la región, se quedaron atónitos frente a la decisión de la jefe de Estado de mantener en pie la Constitución y el Estado de derecho.

No era exagerado sostener que cualquier personaje de la derecha –sobre todo de aquella secuestrada por el progresismo– habría renunciado a la jefatura de Estado frente a la virulencia de la ola insurreccional que bloqueaba carreteras, atacaba aeropuertos y decenas de comisarías. El ejemplo de Chile y la abdicación de la derecha frente a la violencia que ha destruido el país del sur estaba demasiado presente. Contra todos los pronósticos, Boluarte resistió, a pesar de las injustas e inclementes campañas del comunismo y el progresismo, que la responsabilizaban de la lamentable muerte de más de 55 peruanos, exactamente como sucedió con los presidentes constitucionales Sebastián Piñera de Chile e Iván Duque de Colombia.

Todos sabemos que los únicos responsables de las trágicas muertes de peruanos son las vanguardias comunistas que atacan a soldados y policías. 

Sin embargo, en el preciso momento en que las movilizaciones –de hasta 5,000 personas– se despoblaban dramáticamente y la labor de nuestra heroica policía nacional (PNP) y de nuestras fuerzas armadas posibilitaba recuperar carreteras, salvar el sistema productivo y restaurar lentamente el Estado de derecho a nivel nacional, sucedió lo inesperado: el frente unificado en defensa del Estado de derecho se resquebrajó. Cuando la insurrección comenzaba a ser derrotada, Fuerza Popular se allanó a la demanda progresista de adelantar las elecciones al 2023 – no de las corrientes comunistas que plantean la constituyente–, creyendo que de esta manera se restablecería la paz social. A veces los relatos en medio de la desesperación suelen llevarnos a las fauces del león que nos devorará.

En este momento, al parecer, la presidente Dina Boluarte volteó los ojos a opinólogos comunistas que esconden su filiación con centrismos fingidos en los medios y, en acto desesperado, ella propuso adelantar las elecciones al 2023 y que el próximo Congreso a elegirse se encargara de la reforma total de la Constitución. Y cometió el más grave error de sus pocas semanas de gobierno. Un yerro que puede ser letal considerando la precariedad de su gobierno.

Cuando el movimiento insurreccional plantea un nuevo poder popular a través de la constituyente, de ninguna manera los defensores del Estado de derecho, ni menos la jefe de Estado, pueden abrir una puerta para que pase la leña y el combustible de la hoguera nacional. Y eso es lo que ha hecho la presidente Boluarte planteando “una reforma total de la Constitución”. 

¿De qué está hablando la señora Boluarte? ¿De la reforma de la parte dogmática o de la parte orgánica de la Constitución (de la estructura de los poderes del Estado)? La pregunta es la misma que se formula a quienes proponen la asamblea constituyente y la jefe de Estado está obligada a responder, porque la resistencia de las instituciones republicanas al golpe fallido de Castillo, el esfuerzo heroico de nuestra PNP y de nuestras fuerzas armadas y la muerte de peruanos, se producen por las propuestas que pretenden centralizar el poder en una constituyente para “la reforma total de la Constitución”.

La jefe de Estado debe aclarar y precisar su pronunciamiento y entender que si ella conduce la defensa del Estado de derecho frente a la amenaza bolivariana tendrá un lugar en la historia nacional y todos los peruanos de buena voluntad la defenderemos con firmeza frente a la frivolidad del progresismo, no solo por su legado en la defensa de la Constitución, sino porque es la única manera de proteger a nuestros policías y soldados.