¡La izquierda contra los proyectos extractivos!

La ex congresista y activista del Frente Amplio, María Elena Foronda, está impulsando una campaña contra la posible ejecución de un proyecto petrolero a 50 millas mar adentro. La mencionada militante de izquierda y algunas autoridades en Chimbote califican a este proyecto de hidrocarburos como una “amenaza” contra los recursos marinos.

No obstante, vale indicar primero que cuando fue congresista Foronda promovió un cambio significativo en la Ley de Consulta Previa –que ahora sigue siendo impulsado por Lenin Bazán, otro parlamentario de izquierda– para reemplazar el artículo 9 de la referida norma. Recordemos que actualmente ese artículo (“Identificación de medidas de consulta”) señala que “las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta (…) si consideran que les afecta directamente (la realización de algún proyecto extractivo)”.

El mencionado proyecto de Foronda pretende –entre otras cosas– cambiar el párrafo arriba aludido por el siguiente: “las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta (…) si consideran que les pudiera afectar directamente (la realización de algún proyecto extractivo)”. Pues bien, he allí el detalle. Aparentemente no habría cambio; sin embargo, como se puede apreciar, con el cambio en la Ley cualquier comunidad o sector que considere que un proyectos les puede afectar tiene el derecho de pedir un nuevo proceso de consulta. Ello generaría una paralización de los proyectos extractivos. 

Pero, como indicábamos líneas arriba, la hoy ex congresista Foronda dirige una organización no gubernamental en el norte peruano, llamada Instituto Natura. Desde esta ONG, Foronda está promoviendo una lucha sin cuartel contra las posibles inversiones petroleras a 50 millas de la bahía de Chimbote. Resulta que días atrás el Gobierno promulgó el Decreto Supremo (N° 016-2020 EM y N° 017-2020 EM), que autoriza la exploración y explotación en los lotes Z-67 y Z-68 y da potestad a Perupetro a suscribir contratos con cualquier empresa para desarrollar la actividad.

Es obvio que cuando PeruPetro firme el contrato con alguna empresa para la exploración y posible explotación del yacimiento petrolero se tendrá que exigir (tal como demanda la ley) la aplicación de los estándares ambientales y sociales. Así, la empresa que consiga la buena pro tendrá que presentar un estudio de impacto ambiental que demoraría más de dos años y debe ser aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace, del Ministerio del Ambiente) donde se especificarán los riesgos potenciales, planes de contingencia, consulta social, etc.

De aprobarse el mencionado proyecto petrolero (puede ser entre tres o cinco años) se ejecutaría a 50 millas de la bahía, alejado de las zonas pesqueras, y no representaría peligro para la sostenibilidad de los recursos marinos como la anchoveta. Entonces de lo que se trata aquí es una oposición ideológica contra las inversiones en un momento en que la crisis sanitaria –producida por la Covid-19 y por la deficiencias del gobierno vizcarrista– han provocado un retroceso del PBI pocas veces visto. La izquierda, y sobre todo María Elena Foronda, vuelven a ser protagonistas, organizando protestas contra las inversiones. Así estamos.