La amenaza del narcotráfico al Perú y la región

El asesinato del candidato de la centro derecha en Ecuador, Fernando Villavicencio, por parte del crimen organizado y el narcotráfico representa una sombra amenazante para los procesos democráticos en la región, sobre todo en aquellos países en donde crecen los cultivos de hoja de coca. Al respecto, es necesario recordar que Colombia es el principal productor de la señalada hoja y también de cocaína, el Perú es el segundo y, por otro lado, Ecuador se ha convertido en un corredor del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, en Bolivia también se ha organizado otro corredor para el tráfico ilícito de drogas e, igualmente se cultiva hoja de coca y se produce droga.

El asesinato de Villavicencio, un candidato que se enfrentó abiertamente al crimen organizado y al narcotráfico, entonces, remece a toda la política regional, sobre todo considerando que las izquierdas y los partidos del eje bolivariano se oponen a la erradicación de cultivos de hoja de coca y a cualquier forma de colaboración con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Alberto Otárola, acaba de anunciar que nuestro país ha arribado a un acuerdo con los Estados Unidos para retomar la interdicción de aeronaves sospechosas por actividades de narcotráfico, luego de 20 años de haberse suspendido esta vital cooperación. 

El PCM agregó que el acuerdo permitirá que la Fuerza Aérea del Perú reciba cooperación en financiamiento, radares, inteligencia y comunicaciones en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Otárola agregó algo que hace que cualquier esfuerzo podría convertirse en saludo a la bandera: que se trataría de “una interdicción aérea no letal”. Nadie entiende ese concepto, porque si existe interdicción aérea contra el narcotráfico, ésta tiene que ser real; es decir, si una nave sospechosa de transportar droga se resiste a una intervención en cualquier país del mundo sería derribada. De lo contrario, no hablaríamos de interdicción. Hay mucho, pues, que aclarar al respecto.

Hoy el Perú necesita con urgencia una estrategia antidrogas que apunte a reducir significativamente los cultivos de hoja de coca en el país, ya sea mediante su erradicación, la interdicción aérea y una estrategia sostenida de sustitución de cultivos. De lo contrario, estos cultivos seguirán expandiéndose en el país, creando regiones liberadas de la autoridad de la Constitución, las leyes nacionales y las instituciones tutelares, tal como, por ejemplo, sucede hoy en el Vraem.

El asunto no está para grandes discusiones. Entre el 2021 y el 2022 los cultivos de hoja coca sumaron más de 95,000 hectáreas registrando un incremento de más del 18%, según el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Vale anotar que el 2019 los cultivos de hoja de coca llegaban a las 54,655 hectáreas; es decir, hasta el 2022 los mencionados sembríos se triplicaron. Las regiones que tuvieron una mayor expansión de cultivos fueron Loreto y Ucayali, en donde se perdieron sembríos de cacao y café (estrategia de sustitución de cultivos) ante el avance de los sembríos de hoja de coca. Al respecto cabe recordar que el Perú es el segundo productor de hoja de coca luego de Colombia, en donde se ha llegado a sembrar cerca de 200,000 hectáreas del insumo de la droga.

Planteadas las cosas así es incuestionable que el país necesita desarrollar una estrategia de antidrogas integral que contemple la erradicación y la interdicción. Y también una alianza con los campesinos mediante una estrategia real de sustitución de cultivos (sobre todo café y cacao), que debe ser fomentada por el Estado y la cooperación internacional.