Estampida ante la reforma laboral

Frivolidad política cuando economía se desacelera y 23% de peruanos son pobres             

Luego de que el Congreso aprobara la nueva legislación para promover el empleo entre los jóvenes entre 18 y 24 años, nadie imaginó que unas horas después, prácticamente, todo el sistema político le daría la espalda a una reforma tan importante: Alan García y el Apra critican la norma, PPK retrocede tras haber planteado ampliar la nueva legislación hasta los trabajadores de 30 años, y seguidamente Keiko Fujimori y Fuerza Popular también retiran su apoyo a la ley.

Con esta estampida frente a la reforma laboral, los políticos demuestran, una vez más, que no entienden la economía y que han acompañado los procesos virtuosos del crecimiento económico urgidos por las circunstancias antes que por tener una visión o concepción clara del desarrollo.

A pesar de la desaceleración del 2014, el crecimiento económico ha reducido la pobreza de manera espectacular, por eso es uno de los mayores activos nacionales de las últimas décadas. Sin embargo, desde el fin del fujimorato se viene sosteniendo que en nuestra sociedad hay una distancia abismal entre la política y la economía.

Quizá la política está tan distanciada de la economía que nuestros líderes consideran que, con la cercanía de los cronogramas electorales, pueden tomarse todas las licencias. Una verdadera frivolidad en un país que se desacelera y todavía tiene 23% de peruanos en pobreza.

Porque cualquiera que sea el ángulo desde el que se analice no hay argumentos de peso para derribar una ley de carácter temporal que promueve la formalización del empleo juvenil. Se ha sostenido que se recortan derechos para los muchachos, pero según cifras del INEI, el  9.2% de los jóvenes de 18 a 24 años están desempleados y el 57.3%  trabajan en la informalidad. ¿De qué derechos se habla?

De acuerdo a la nueva norma, por el contrario, se les garantizará sueldo mínimo, 15 días de vacaciones al año, jornada de 8 horas de trabajo, protección contra el despido injustificado, pago obligado del sobretiempo, fondo de jubilación y seguro social de salud subsidiado por el Estado en el caso de las Pymes (unos S/. 635 millones al año).

La cultura anti-empresa que ha sembrado con astucia y paciencia la izquierda desata suspicacias de todo tipo. Se dice que las grandes compañías despedirán trabajadores para contratar bajo el nuevo régimen juvenil, pero la gran empresa no tiene problemas de sobrecostos laborales porque los puede absorber. Los problemas están en la pequeña empresa, en los empresarios populares y los mercados emergentes. Además, la nueva norma solo aplica para quienes nunca han estado en planilla o no han tenido empleo en los últimos 90 días. Y los costos del despido en el régimen general son demasiado altos frente a la posibilidad de “ahorrar” con el empleo juvenil.

También se dice que el subsidio estatal al seguro de los muchachos favorece a la gran empresa, pero la ley establece que solo es para las Pymes.

Los políticos no parecen entender qué es la informalidad y la manera cómo este fenómeno crea dos países enfrentados: el Perú oficial, de los políticos, y el Perú de los mercados populares, de los empresarios emergentes, que no pueden pagar las planillas que aprueban los políticos.

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, el Perú tiene los sobrecostos laborales más altos de la Alianza del Pacífico y de América Latina. Los empresarios peruanos asumen hasta un 60% de estos sobrecostos mientras que en Colombia es de 54%, en México 36% y en Chile 32%.

A pesar de todos estos hechos, los políticos que critican la desaceleración de la economía, la caída de la inversión privada y el bloqueo de los grandes emprendimientos, hoy miran los calendarios, advierten la cercanía del 2016, y se olvidan del crecimiento.

19 - Dic - 2014