Es hora de que el Congreso establezca la agenda nacional

Luego de que el Ejecutivo observara la ley que regula el uso de la cuestión de confianza, es evidente que el Congreso aprobará la mencionada norma por insistencia. De esta manera, el Perú intentará superar un bochornoso momento de nuestra historia republicana, en el que se procedió a disolver un Congreso invocando una figura que no existe en la Constitución: “la denegación fáctica de la confianza”. 

Bochornoso momento no solo en el Perú, sino también en la historia del derecho constitucional, porque se pretendió constitucionalizar un simple acto de fuerza, basado en la popularidad circunstancial de un gobernante. ¿A qué vamos? La ley que regula el uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo solo pretende recordar lo que está escrito en nuestra Constitución y en todo el constitucionalismo planetario: que no se puede ejercer “confianza” con respecto a las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. Nada más.

Sin embargo, la insistencia de esta norma que posibilitará recuperar el equilibrio de poderes, sobre todo ahora que existe una velada intención del Ejecutivo de disolver el Congreso e instalar una constituyente, de ninguna manera es suficiente para preservar los avances económicos y sociales en el Perú.

¿A qué nos referimos? El Ejecutivo es una máquina de enviar señales nocivas y tóxicas que adrede buscan ahuyentar a las nuevas inversiones privadas. Alguien puede señalar que no existe conciencia sobre los efectos de semejantes despropósitos; sin embargo, en más de dos meses de gobierno, de una u otra manera, el Perú ha vuelto a los argumentos de la guerra fría en contra de la inversión privada.

El gambito de la nacionalización y renegociación del gas que protagonizaron el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido y el presidente Castillo; el anuncio de “una segunda reforma agraria” con exclusión del sector privado agroexportador; y la propuesta de industrializar la hoja de coca son misiles poderosos en contra de la inversión privada. De alguna manera estas propuestas siguen sumando a favor de la iniciativa general de convocar a una constituyente.

En ese sentido, la mayoría democrática y republicana del Congreso debe estar en condiciones, como se dice, de recuperar la iniciativa y establecer la agenda política e institucional del país. Por ejemplo, no solo debe insistir en aprobar la ley que regula la cuestión de confianza, también debe aprobar la reforma constitucional que prohíbe expresamente la instalación de una asamblea constituyente. De la misma manera debe proceder a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, modificando el reglamento de elección y estableciendo el criterio por invitación a los principales constitucionalistas y académicos del país.

En el caso de la economía y los mercados, el Legislativo debe proceder a restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, una de las mejores leyes económicas de las últimas décadas, que fue absurdamente derogada por el anterior Congreso y la administración Sagasti. La mencionada ley establecía regímenes tributarios y laborales que convocaron más de US$ 20,000 millones y crearon un millón de empleos formales. Restablecer la vigencia de esta norma significaría enviar una poderosa señal a los mercados y los inversionistas.

Igualmente, el Congreso debe radicalizar al límite la Ley de Reforma Magisterial para preservar la meritocracia en el nombramiento y la promoción de los docentes de la escuela pública. El motivo: antes que la estabilidad laboral de profesores sin formación ni capacitación está el derecho de los niños pobres de las escuelas públicas a tener profesores idóneos para formarse y salir de la pobreza.

De otro lado, el Congreso debe conformar una comisión o desarrollar un sistema vigilancia del gasto de los ministerios, los gobiernos regionales y locales, entidades responsables de que no se redistribuya la riqueza nacional que aporta el sector privado a través de los impuestos.

En cualquier caso, ante el desgobierno general y la utilización del Estado para convocar una constituyente, el Congreso debe erigirse en el guardián de la institucionalidad, la inversión y los pobres del Perú.