El progresismo y la nueva toma de Lima

Las vanguardias comunistas y colectivistas, que luego del fallido golpe de Pedro Castillo pretendieron derogar la Constitución y quebrar el Estado de derecho, anuncian una nueva oleada de violencia y destrucción en Lima para este 1 de marzo. A nuestro entender se trata de los últimos coletazos de una estrategia que pretendió organizar una salida de poder a través de la constituyente y que ha fracasado en todos sus objetivos.

La presidencia de la República, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las demás instituciones tutelares que detuvieron el golpe de Pedro Castillo siguen firmes y consolidadas. La continuidad del Estado de derecho es posible por la firmeza de las instituciones, pero sobre todo, porque las mayorías nacionales, incluso, las del sur –más allá de algunas encuestas con criterios técnicos discutibles– están en contra de que la violencia destruya el turismo, la producción, los mercados emergentes y la economía familiar.

Por esas cosas del azar, a pesar de los yerros y límites de la clase política, el Perú ha resistido, y con el apoyo de la mayoría de la sociedad ha derrotado una insurrección contra el Estado de derecho que pudo haber instaurado un camino totalitario de larga duración. La resistencia de los ciudadanos, la sociedad, las empresas, los mercados emergentes y los pequeños negocios, ha posibilitado que los ataques a las comisarías y los aeropuertos no se conviertan en una asamblea constituyente o un adelanto electoral desesperado. Allí está el ejemplo de la cadena comercial Plaza Vea que, no obstante la violencia y destrucción, decide quedarse en Puno; y allí también están las movilizaciones de los puneños en defensa de la economía familiar.

Si las oleadas de violencia pueden tener algún nivel de audiencia en el país, a nuestro entender, únicamente se explica por la equivocada posición de las corrientes progresistas que pretenden convertir la crisis en una salida a favor de sus estrategias e intereses. La lamentable muerte de 60 peruanos por los feroces ataques de las vanguardias comunistas a activos estratégicos del Perú pretende ser convertida en un asunto de violación de Derechos Humanos. Igualmente, la violencia y destrucción de las milicias comunistas pretende ser catalogada como la expresión del “descontento de las mayorías” en contra del Ejecutivo y del Congreso. Es difícil entender el peligroso juego del progresismo que, respaldado por algunas encuestas de ocasión, pretenden jugar al fiel de la balanza entre la insurrección contra la Constitución y la defensa del Estado de derecho.

Lo volvemos a señalar categóricamente: la insurrección contra el Estado de derecho ha fracasado en todos sus objetivos. Si puede seguir lanzando coletazos es por la propaganda del progresismo irresponsable y porque la acción de las Fuerzas Armadas y la policía nacional del Perú (PNP) en el restablecimiento del orden necesita ser acompañada con más firmeza por las instituciones del Estado de derecho y la civilidad.

El Ministerio Público y el Poder Judicial demoran en exceso en identificar y procesar a todos los vándalos y delincuentes –por ejemplo, en Puno y en el corredor minero del sur– que han destruido la propiedad privada y pública y han arrasado con la Constitución y las leyes nacionales. Es imposible que el Estado de derecho solo se defienda con la acción de las fuerzas de seguridad porque estamos ante un verdadero oxímoron: sin la acción de las instituciones que aplican la ley no hay Estado de derecho.

Si los magistrados del sistema de justicia están amenazados en las zonas convulsionadas –como sucedía en los ochenta con la violencia senderista–, entonces se debería crear sistemas ad hoc y especiales para defender la Constitución y la ley. Por otro lado, a estas alturas todavía no se percibe la acción de los partidos políticos en las regiones del sur, sobre todo en la organización de la población para defender la producción y la economía familiar ante los bloqueos de carreteras y cierre de mercados que impulsan las tiranías comunistas.

Enfrentar la violencia, pues, demanda más acción institucional y más civilidad. Es hora de organizar a las mayorías que defienden el ingreso familiar ante el caos.