La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
Los peruanos de buena voluntad y la comunidad internacional no salen del shock luego del anuncio de la empresa MMG - Las Bambas acerca de que paralizarían la producción a partir del 18 de diciembre, porque en Chumbivilcas (Cusco) persiste el bloqueo de la vía por donde se transporta el mineral. El asombro mundial se explica, sobre todo, porque el Perú –un país con 25% de su población en pobreza– desperdicia el nuevo superciclo de los precios del cobre, que sitúan la libra del metal rojo por encima de los US$ 4.80. Un récord histórico mundial.
Vale señalar que ayer un grupo de mineros ilegales y campesinos de la comunidad de Pumamarca, atacó las instalaciones y equipos de Las Bambas. Como consecuencia de ello resultaron ocho policías heridos. unos quince vehículos de la empresa dañados y cuatro contenedores saqueados. Los ataques se produjeron como respuesta a un operativo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Apurímac para capturar mineros ilegales que operan en una concesión minera de Las Bambas. Estas personas reaccionaron violentamente ante la intervención fiscal. Así de denunció en el comunicado oficial.
En un reciente editorial de este portal nos preguntamos si la paralización de una de las diez minas de cobre más grandes del planeta se debía a la acción de una fuerza de invasión externa al Perú. La pregunta era hiperbólica adrede, porque la paralización de Las Bambas se explica por la acción de una minoría radical que bloquea la vía exigiendo que la provincia de Chumbivilcas sea declarada zona de influencia directa –pese a estar a 200 kilómetros de la mina– y que se otorguen contratos de transporte a empresas vinculadas a los dirigentes de un llamado Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (Fudich).
La hipérbole se justifica porque algunos centenares de personas pueden bloquear una mina que representa el 1% del PBI, que emplea a más de 8,000 personas, que genera más de 75,000 empleos inducidos y que ha permitido que la pobreza en los 84 distritos de Apurímac descienda del 60% de la población a debajo del 40%.
¿Por qué sucede todo esto? ¿Acaso el Ejecutivo no es la entidad llamada a aplicar la Constitución y las leyes frente a la acción violentista de estas minorías radicalizadas? ¿O acaso el Ejecutivo, hoy colonizado por los sectores antimineros, se ha propuesto empoderar a las minorías radicales?
En este terrible contexto, ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la empresa minera Las Bambas y la Cámara de Comercio de Apurímac alertaron al país sobre la gravedad de la situación en Las Bambas y señalaron que otras tres operaciones mineras también paralizaron actividades. “No permitamos que el Perú se convierta en un país en el que la minería comienza a frenarse y considera retirarse”, aseveró Raúl Jacob, presidente de la SNMPE.
A estas alturas es incuestionable que la minería nacional está bajo ataque y, sorprendentemente, hoy se puede afirmar que algunos sectores del Ejecutivo –incluida la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez– tienen como prioridad empoderar a los sectores antimineros, sin considerar el futuro de las inversiones mineras.
Semejante situación es una forma evidente de traicionar al Perú. Las Bambas, por ejemplo, acumula más de 400 días de paralizaciones desde el inicio de la operación, y ha dejado de producir alrededor de 100,000 toneladas métricas de cobre (TMC) de las 450,000 TMC proyectadas. Un verdadero crimen contra los pobres, considerando los altos precios del metal rojo.
Diversas proyecciones señalan que, gracias a los precios de los minerales –incluso sin nuevas inversiones–, el Perú debería crecer el próximo año sobre el 6% del PBI. Y que en pocos años, y con esos niveles de expansión, debería reducir la pobreza hasta debajo del 15% de la población (hoy en 25%). Sin embargo, los anuncios de la constituyente y la nacionalización de los recursos naturales han desplomado a la inversión privada, y el crecimiento proyectado no permitirá reducir la pobreza.
En este contexto, el Ejecutivo renuncia a ejercer la autoridad democrática para defender a Las Bambas, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas pretende aumentar la carga tributaria al sector, restándole competitividad frente a los otros países productores. Ante esta situación, las mayorías nacionales, la mayoría de apurimeños y cusqueños, deben salir a defender a Las Bambas y a la minería.
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