La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca de los Estados Unidos informó que durante la pandemia sanitaria en el Perú los cultivos de hoja de coca se incrementaron en más de 88,000 hectáreas. Unos años atrás un reporte parecido desató una polémica entre el gobierno peruano y la entidad estadounidense sobre la extensión del cultivo de esta hoja, que destruye las posibilidades económicas y sociales de valles enteros del Perú.
Al margen de que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) no actualice las cifras de la extensión de los cultivos de la hoja de coca, es evidente que los cultivos crecen exponencialmente. El país es el segundo productor mundial de la mencionada hoja y de cocaína. Y si los cultivos sobrepasan las 100,00 hectáreas se estaría llegando a los niveles de los años ochenta, en que el Perú era el primer productor de hoja de coca y padecía la oleada de terror y muerte que desató Sendero Luminoso.
Para todos es sabido que el avance de los cultivos de hoja de coca demanda crear determinadas zonas liberadas: áreas en que el Estado renuncia a ejercer la autoridad y la ley. Igualmente, el avance de este cultivo desata la violencia y el Estado también renuncia al monopolio de las armas.
En este devastador contexto, el presidente Castillo ha planteado la posibilidad de industrializar la hoja de coca, y algunos dirigentes de Perú Libre proponen el fin de la colaboración de la DEA de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El panorama se agrava cuando se acaba de conocer que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, se opone a la erradicación de los mencionados cultivos. A nuestro entender semejantes propuestas solo posibilitarán que el Estado renuncie a la lucha contra las drogas y el Perú se convierta en una tierra de nadie, controlada por la violencia vinculada a esta actividad.
La propuesta de industrializar la hoja de coca es una vieja idea que no se ha concretado en ninguna parte del planeta. Hay incluso una discusión científica sobre las posibilidades reales o no de utilizar la hoja de coca en términos medicinales o industriales. Al margen del debate, el Perú no está para postergar decisiones y cambiar una política de Estado que puede significar el abismo.
El Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) sigue concentrando el 50% de la producción de hoja de coca. Pero en los valles en el sur, en el norte y en el oriente el cultivo de coca sigue aumentando. El gran problema: el cultivo de la hoja y la industria de la droga requiere crear zonas liberadas de la autoridad estatal y republicana. El VRAEM es un ejemplo actual de cómo quienes cultivan coca se convierten en socios de los remanentes armados del senderismo. El Perú de los años ochenta y la violencia genocida de Sendero Luminoso no se explicarían si el país no hubiese sido el primer productor de la hoja de coca. Igualmente, la violencia rural en Colombia no se explicaría si las FARC y las guerrillas no se hubiesen convertido en carteles o brazos armados del narcotráfico.
El avance de la extensión de los cultivos de hoja de coca, entonces, es la destrucción del Estado democrático, del imperio de la Constitución y de la ley.
Por supuesto que hay un problema social con los centenares de campesinos que cultivan la hoja de coca para sobrevivir, pero que lamentablemente venden la hoja a la cadena de la producción delictiva (solo el 10% de la producción de hoja de coca se destina al chacchado). Aquí el Ejecutivo debería desempolvar todos los proyectos de sustitución de cultivos que han posibilitado ganarle terreno al narcotráfico y a la deforestación de la selva; por ejemplo, los cultivos de cacao y palma en el valle del Huallaga.
El gobierno de Castillo, entonces, en el tema de la hoja de coca vuelve a cometer otro grave error que puede afectar la seguridad nacional.
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