El gran ausente electoral: ¡el sector privado!

El sector privado sigue financiando el 80% de los ingresos del Estado y proveyendo el 80% del empleo, ya sea a través del sector formal o informal de la economía. Mencionar estas cifras gruesas en el preciso momento en que el Estado, los políticos y los burócratas ideologizados, fracasan en organizar una respuesta estatal eficiente ante la pandemia, solo revela que sin el sector privado la segunda ola del Covid y la recesión simplemente habrían disuelto el país.

Estas verdades, sin embargo, parecen no existir para la mayoría de candidatos presidenciales que hoy pisan el acelerador de la campaña. El sector privado es un factor más de la realidad, algo que puede ser o no puede ser. Pero no solo se trata de que el sector privado “para la olla” de los US$ 65,000 millones que el Estado gastaba antes de la pandemia –en los gobiernos central, regionales y locales y en las empresas públicas (elefantes blancos)– sino que del total de la reducción de pobreza –del 60% de la población a solo 20% en las últimas tres décadas–, todos los organismos multilaterales del mundo señalan que el 75% corresponde a la inversión privada, mientras que el 25% restante es aporte del Estado y las llamadas oenegés.

¿Qué puede haber sucedido, entonces, para que hasta los llamados candidatos de derecha saquen el cuerpo frente a la defensa del sector privado? Es incuestionable que el impresionante trabajo cultural de la izquierda ha terminado colonizando el espacio público de tal manera que, si se presenta un conflicto entre un sector y una empresa minera, sin mayores análisis, la compañía se convierte en Goliat y los reclamantes en víctimas de “los empresarios chupasangres”. Si se trata de golpear a las AFP, los propios candidatos que defienden las libertades económicas le rehúyen al tema y prefieren escudarse en las críticas a la falta de competencia en el sistema privado de pensiones.

Claro que existen problemas en las regulaciones del sector privado, claro que el mercantilismo y la falta de consciencia en algunos sectores irrita en extremo, y por supuesto que se necesita promover más competencia para conseguir mayores beneficios para los consumidores. Sin embargo, en el momento actual, en que la izquierda comunista se ha lanzado a una feroz ofensiva contra el sector privado, plantear esos argumentos –que deben ser abordados de manera inevitable– es una manera de eludir el principal deber de cualquier republicano: la defensa a muerte del sector privado.

¿Por qué es impostergable la defensa del sector privado? Si los comunistas, hoy en la conducción de la mesa directiva del Legislativo, logran su objetivo de destruir la inversión privada, el país inevitablemente ingresará en la ruta de las estatizaciones y la posibilidad de que un proyecto populista o colectivista centralice el poder político, y el poder económico estará sobre la mesa. Al respecto solo basta recordar que todos los proyectos autoritarios o totalitarios que se han perpetuado en el poder lo han logrado luego de destruir al sector privado. Generalmente, el autoritarismo colectivista toma el poder político y luego avanza a estatizarlo todo.

En el Perú, por la debilidad e inexperiencia de las bancadas en el Congreso, luego de la vacancia del ex presidente Vizcarra, las minorías de las minorías en el Congreso llegaron al Ejecutivo y asumieron la conducción del Legislativo. Sin embargo, las leyes que comienzan a aprobarse empiezan a dejar un país absolutamente enfrentado a la inversión privada.

La nueva ley agraria, que establece una remuneración especial en el agro (al margen de la competitividad de las empresas), la ley que fija topes a las tasas de interés y que elimina la evaluación de riesgo en los créditos para los más pobres, y el proyecto de ley que estatiza el sistema privado de pensiones forman parte de esta feroz ofensiva contra el sector privado en general.

Y en medio de este huracán anti inversión no surge el candidato que reclame la defensa de los sectores formal e informal privados que, más allá de las limitaciones que impone un Estado mercantilista y anti inversión, simplemente le han cambiado el rostro al país.