El Estado fracasa, pero la PCM culpa a las empresas

La presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, volvió a dejar en claro su posición en contra de las inversiones y la minería en particular. Sin establecer mayores precisiones, acaba de señalar que la conflictividad en contra de la minería se explica por la Ley General de Minería. “Le hemos pedido la SNMPE cambios a la ley de minería para atender los conflictos del país”. Agregó que existe una urgencia de cambios estructurales para que los 200 conflictos sociales empiecen a descender.

En otras palabras, otra vez el relato comunista, colectivista, acerca de que el problema de las brechas y exclusiones sociales es responsabilidad de las empresas y no del Estado, que no puede gastar ni redistribuir la riqueza minera. Por ejemplo, en la última década gracias a la minería se ha transferido más de S /10,000 millones a los gobiernos subnacionales. ¿En dónde están las carreteras, las postas médicas, las escuelas, y los sistemas de agua y desagüe que debieron hacerse con los aportes provenientes de la minería? Se acaba de conocer que en el 2021 los más de 83 municipios vinculados a zonas de influencia directa de la minería apenas gastaron el 47% de los cerca de S/ 3,000 millones destinados a inversiones. ¿De quién es culpa este desastre en las zonas de pobreza? Es evidente que el Estado debe ser sentado en el banquillo de los acusados.

El hecho de que en el corredor vial, en donde se desarrollan inversiones de estándares mundiales y de más de US$ 10,000 millones –como en el caso de Las Bambas– el Estado no pueda construir una vía para garantizar la salida de los minerales y renuncie a aplicar la Constitución y la ley, ¿se explica por la ley, las empresas o por la renuncia de las autoridades del Estado y el Ejecutivo a cumplir sus responsabilidades? Las cosas están más que claras.

Con estas declaraciones, igualmente, la señora Vásquez confirma su clara posición antiminera, que la impulsó a participar de los movimientos que bloquearon el proyecto Conga y las principales minas del cinturón de cobre del norte en Cajamarca, en base a una serie de leyendas y mitos. 

Asimismo, confirma su visión anti inversión que, desde la presidencia del Congreso pasado, la llevó a animar la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), una de las mejores normas económicas de las últimas dos décadas. Vale subrayar que, gracias a esa ley, en dos décadas las agroexportaciones se incrementaron de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones, se captaron más de US$ 20,000 millones de inversiones y se contrata a más de un millón de trabajadores anualmente. La señora Vásquez promovió la derogatoria de esa norma tan vital para el desarrollo.

A estas alturas es evidente, pues, que el modelo económico que, en las últimas tres décadas triplicó el PBI y redujo pobreza del 60% de la población a solo 20%, está bajo un ataque total. El presidente Castillo, con sus anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, simplemente ha frenado en seco el crecimiento de la inversión privada para el 2022.

Con los anuncios de Castillo y los de la señora Vásquez se están destruyendo todos los logros económicos y sociales del Perú. En vez de promover inversiones, de atraer capitales en momentos en que los precios de los minerales están en subida, el Ejecutivo se dedica a ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras con anuncios, propuestas y medidas económicas al margen de la Constitución y las leyes nacionales.

Poco a poco el Perú comienza a frenarse en seco. El dólar sigue subiendo por la fuga de capitales y los precios de la canasta básica se incrementan, afectando a los más pobres. Poco a poco el Perú se destruye frente a la impotencia de las mayorías y la falta de reacción del Congreso y de la clase política.