El cierre unilateral de minas y la cabecera de cuenca

Detrás de la decisión unilateral de la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, de cerrar las minas Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) en el sur de Ayacucho, a nuestro entender, está el plan anti extractivista que construyen las oenegés y los sectores de izquierda, con el relato de la llamada “cabecera de cuenca”. 

Una narrativa sin base científica que, incluso, fue considerada en la ley N° 30640, Ley de Recursos Hídricos, en la que se establece la posibilidad de determinar zonas sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) como “cabeceras de cuenca”. Hasta hoy ese absurdo anticientífico no ha sido reglamentado. 

¿Qué significaría establecer una cabecera de cuenca? Que en la medida que el relato señala que sobre los 3,000 msnm se originan los acuíferos subterráneos y las nacientes de los ríos –es decir, las fuentes hídricas para el consumo humano y la agricultura–- se deben prohibir las inversiones mineras y cualquier tipo de industria o inversión. 

Sin embargo, ¿cómo se originan realmente las fuentes hídricas para el consumo humano y la agricultura? No se necesita ser científico para entender que la lluvia es la fuente de cualquier acuífero y que, por lo tanto, si queremos cosechar agua de calidad para el consumo humano y la agricultura, el Perú debe construir represas y reservorios a semejanza de los países desarrollados.

Sucede que las cuatro minas cerradas unilateralmente por la PCM, Mirtha Vásquez, se emplazan sobre los 3,000 m.s.n.m. En otras palabras, en una potencial “cabecera de cuenca”. ¿Estamos ante un proyecto del Ejecutivo que se pretende generalizar en el país? 

El asunto es extremadamente grave no solo porque el cierre de las cuatro minas se produjo luego de que unas turbas minoritarias quemaron una empresa, sino, sobre todo, por el relato con que se pretende justificar: la cabecera de cuenca. 

El armatoste de la cabecera de cuenca, a nuestro entender, podría convertirse en una verdadera bomba nuclear en contra de la minería. ¿Por qué? El 80% de las minas en ejecución en el país y el 85% de los proyectos de nuestra cartera de inversiones mineras (de más de US$ 62,000 millones) se ubica sobre los 3,000 m.s.n.m. En otras palabras, el radicalismo antiminero estaría en condiciones de jaquear al desarrollo de la minería del país condenando a cerca del 30% de pobres del país a permanecer bajo el sufrimiento de esa lacra social.

El cierre unilateral de las cuatro minas, entonces, representa un momento muy avanzado de la estrategia antiminera en el Perú, ahora con influencia decisiva en el Ejecutivo a través de la PCM.

A nuestro entender, la estrategia antiminera representa un verdadero crimen social en contra de los pobres, porque la minería es y seguirá siendo el pan nacional. Por ejemplo, si no se hubiesen detenido los proyectos Conga en Cajamarca y otras iniciativas de cobre, el Perú habría incrementado su producción de 2.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) anuales a 3.5 millones de TMC. Con semejante producción, la economía crecería por encima del 5% y la pobreza se habría reducido por debajo del 15% de la población.

El crimen social contra los pobres se agrava más cuando los precios del cobre alcanzan niveles históricos, y el Perú incrementa su recaudación gracias a que las mineras pagan el 47% de sus utilidades. Hasta mayo de este año la minería había aportado más de S/ 8,000 millones y se calcula que este año se contribuirá con más de S/ 12,5000 millones. Un récord en la historia republicana.

¿Cómo, entonces, se puede entender la lógica antiminera que ahora ha sido asumida por el Ejecutivo? Los únicos beneficiados de la estrategia contra las inversiones son otros países mineros (Chile, Australia y Canadá) que compiten con el nuestro en producción y en captar inversiones. 

Por cada tonelada de cobre que se deja de producir aquí ganan las mineras extranjeras y pierden los pobres peruanos. ¡INCREÍBLE!