El anticapitalismo no paga, en ninguna parte

Es incuestionable que el presidente Castillo enfrenta un momento político que podría terminar engullendo a su gobierno. Y es incuestionable también que esta situación tiene que ver con las reuniones secretas en Breña –al margen del escrutinio público que establece la Ley de Transparencia– y las denuncias de irregularidades en contratos públicos vinculados al Ejecutivo. Si a estos hechos le sumamos los nombramientos de funcionarios sin ninguna capacidad técnica, el fin de políticas públicas desarrolladas en varios lustros (transportes y educación), se puede concluir que todos los malos augurios se han sumado para convertir al Gobierno de Castillo en uno de los más frágiles e inviables de las últimas décadas.

Sin embargo, los hechos arriba reseñados hacen honor al aserto acerca de llover sobre mojado. El gran problema es que todos los acontecimientos que destruyen al Gobierno de Castillo tienen el efecto de bombas nucleares porque la mayoría de la gente ha comenzado a darle la espalda al Ejecutivo. ¿Por qué la gente se desplaza a la crítica y expresa un hartazgo frente al desgobierno?

La única explicación: al margen de las cifras de crecimiento de este año, por el efecto de rebote en la economía, en el segundo semestre del 2021 ya comienzan a sentirse las devastadoras consecuencias de la retracción de la inversión privada. Y todas las proyecciones señalan que la inversión privada podría caer hasta en 20 puntos en el 2022.

En otras palabras, la administración Castillo y la extrema ideologización de sus ministros han logrado lo que parecía imposible: detener tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. Al respecto vale recordar que desde la vigencia de la Constitución de 1993 y las reformas económicas de los noventa, el PBI nacional se multiplicó por tres, la pobreza se redujo de 60% de la población a solo 20%, y las clases medias lograron constituirse en el 50% de la sociedad.

De alguna manera el Perú avanzaba a velocidad crucero y ninguna crisis política parecía detener este proceso; ni siquiera el cierre inconstitucional del Congreso durante la administración Vizcarra detuvo el crecimiento y los círculos virtuosos. 

Sin embargo, apenas llegado Castillo al poder, los anuncios de la promoción de una asamblea constituyente, la nacionalización del gas, la segunda reforma agraria sin agroexportaciones, el cierre unilateral de cuatro minas en el sur de Ayacucho y el paquete tributario del Ministerio de Economía y Finanzas frenaron en seco tres décadas de expansión económica.

No hay manera de que el Ejecutivo evite su responsabilidad en la destrucción de la economía. La narrativa de un supuesto sabotaje empresarial para explicar la subida del dólar, el incremento de los precios de la canasta básica y la falta creciente de empleo, en realidad nadie la cree. Ni los ricos ni los pobres.

Al destruir las posibilidades de crecimiento de la inversión privada la administración Castillo ha destruido la viabilidad de la administración. ¿Por qué? Una aritmética simple nos indica que por cada punto de crecimiento del PBI se crean 90,000 empleos. Si cada año se incorporan 270,00 jóvenes a la economía, entonces, se necesita crecer como mínimo tres puntos de PBI para evitar aumentar la pobreza. Para reducir esta lacra social se necesita crecer más.

¿Cómo entonces se va crecer por encima de tres puntos de PBI si la inversión privada –que representa el 80% del total invertido– se desploma en dos dígitos? Imposible.

El anticapitalismo de la administración Castillo y de sus principales ministros, todos ellos ideologizados y sin ningún nexo con la realidad y la economía, ha terminado por desmoronar la credibilidad del actual Gobierno.