Desinstitucionalización con recesión

Un año después del fallido golpe de Pedro Castillo, del 7 de diciembre pasado, el Perú todavía salva su Estado de derecho, pero con una clara tendencia a la desinstitucionalización, la guerra por el control de las instituciones y una recesión económica por falta de nuevas inversiones.

Un observador optimista podría señalar que es el resultado natural luego de haber enfrentado al gobierno de Castillo que, durante un año y medio, gobernó en contra de la Constitución, agitando el proyecto de la asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales, mientras destruía todas las instituciones que resistían, sobre todo con el copamiento del Estado con activistas y militantes de las izquierdas radicales, en vez de profesionales y personal calificado.

Por otro lado, las campañas oficiales a favor de la constituyente simplemente bloquearon la posibilidad de nuevas inversiones. Los emprendimientos en curso se postergaron y las que estaban en evaluación se descartaron. El resultado: la actual recesión y el aumento de la pobreza a cerca del 30% de la población, no obstante que, antes de la pandemia y de Castillo, este flagelo se había reducido al 20%.

Luego de que las instituciones resistieran el golpe de Castillo, la Constitución y la preservación del Estado de derecho exigía mantener la sucesión constitucional y, más allá de críticas y rechazos, la señora Dina Boluarte se convirtió en la jefe de Estado. Semejante situación generó un problema de legitimidad para el sistema que, felizmente, las fuerzas democráticas lograron encauzar. En este contexto, la fragmentación de las bancadas del Congreso, igualmente, volvió imposible formar una clara mayoría que condujera el Legislativo, dando la impresión de que el poder se había disuelto, y se desataron las tendencias a la anarquía.

Planteada las cosas así, la voracidad estatal del progresismo –que, en las últimas dos décadas construyó un sistema republicano inclinado a la judicialización de los adversarios mediante el control de instituciones– se desató nuevamente y arreció con intensidad frente a las elecciones de los nuevos miembros de instituciones tutelares por parte del Congreso: miembros del Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo, entre otros.

Mediante una intensa campaña mediática el progresismo apuntó a debilitar la presencia del Congreso, objetivo que lograron gracias a los propios errores de las bancadas, algunos de ellos imperdonables. Y, como consecuencia de estas guerras y debilidades institucionales se desató una feroz batalla en el Ministerio Público, que todavía se escenifica y se amplifica.

¿Cómo enfrentar semejante escenario? Algunos plantean adelantar elecciones, pero semejante propuesta es agregarle más inestabilidad e incertidumbre al actual desplome institucional del sistema republicano. ¿Qué hacer? A nuestro entender, en el Congreso debe formarse una alianza de bancadas, con una plataforma clara hacia el 2026, que organice la gobernabilidad en el propio Legislativo. Y a partir de allí, establecer un acuerdo explícito con el Ejecutivo para enfrentar la situación.

El primer efecto de este nuevo escenario será notificar a la sociedad y el país que existe un poder político constituido detrás del sistema republicano, con el objeto de debilitar las tendencias a la anarquía. Sin embargo, la idea de un eje de poder político solo podrá existir si estas convergencias se organizan no solo para sobrevivir hacia el 2026, sino para desarrollar las reformas institucionales y económicas que relanzarán el crecimiento. Desde la reforma para la bicameralidad del Congreso, la eliminación de las elecciones PASO, la elevación de barreras y requisitos para formar partidos, la reforma laboral, tributaria, de educación, de salud, el avance en la superación de los déficits de infraestructura, mientras se lanza un agresivo programa de shock antiburocrático de todas las instituciones del Estado.

Por otro lado, el Consejo de Ministros debe renovarse con ministros capaces de convocar a los mercados, al sector privado, y reiniciar todos los movimientos a favor de la inversión. Asimismo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de presentar resultados concretos en el tema de seguridad ciudadana.

Si las cosas avanzaran por ese camino, el 2024 será diferente para el país en términos institucionales, políticos y económicos.