Delincuencia: desafío y oportunidad

Sobre las medidas que demanda la ciudadanía para contrarrestar la inseguridad

Cuando ya ha empezado a correr el plazo de 90 días para que el gobierno apruebe y ejecute un plan de lucha contra la delincuencia, la Región Policial de Lima ha informado que, entre enero y mayo, las comisarías limeñas recibieron 18.523 denuncias de robos, es decir, un promedio de 123 diarios. Estas cifras ilustran el crecimiento del hampa y plantean la urgencia de enfrentar un problema que, ante el fracaso de la clase política dirigente y del estado, ha generado una movilización ciudadana creciente que exige protección para sus familias.

Decenas de miles de ciudadanos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y El Agustino, de Moyobamba, Cajamarca, Casma, Chimbote, Trujillo, etc, han marchado por las calles rechazando la delincuencia y exigiendo seguridad.

El gobierno debe capitalizar esa voluntad de movilización popular para desarrollar una estrategia exitosa que la potencie en contra de la delincuencia.. Estamos ante un movimiento social que ha surgido desde abajo hacia arriba y que ya ha comprometido a muchos alcaldes.

Como hemos sostenido reiteradamente en este Portal, el desborde del delito tiene que ver con la crisis de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y las instituciones del Gobierno central encargadas de enfrentar el problema, que generan una sensación de impunidad que alienta a los “emprendedores del delito”.

Pero los números mostrados arriba se quedan cortos frente a la realidad ya que recogen solo los robos denunciados; sin considerar los NO denunciados, que siempre han sido más que los primeros.

El crecimiento del crimen no es entonces una mera percepción equívoca de la gente, como cree el gobierno, sino una realidad trágica que le cuesta la vida a muchos ciudadanos: en el 2014 se registró un promedio de dos asesinatos por día, que, al parecer, aumentará este año.

La última encuesta de Ipsos Perú indica que el 90% de los limeños se siente inseguro en la calle; un 17% más que en abril pasado, según la misma encuestadora. Estas cifras explican la desesperación de algunos alcaldes que, presionados por sus vecinos, piden que el ejército salga a las calles a combatir la delincuencia.

Semejante realidad demanda que las medidas que ha anunciado el gobierno para combatir la delincuencia, en uso de las facultades legislativas que le ha delegado el Ejecutivo, sean aprobadas cuanto antes y ataquen las causas de fondo del problema.

El ministro Luis Pérez Guadalupe ha adelantado algunas medidas que contribuirán a combatir el crimen, como por ejemplo tipificar el delito de sicariato, la cadena perpetua para quienes contraten a menores como sicarios, entre otras; pero creemos que los proyectos anunciados no atacan las raíces del problema, que están principalmente en la debilidad de las instituciones del estado que deben brindar seguridad al país.

Varios alcaldes distritales de Lima, por ejemplo, han denunciado que ciertos fiscales liberan a los delincuentes detenidos in fraganti. También se conoce de policías que integran bandas de asaltantes, o alquilan sus armas a hampones; así como casos de delincuentes liberados de manera inexplicable por ciertos jueces. Y qué decir de las cárceles, convertidas en centros de planeamiento y dirección de crímenes.

Si somos incapaces de acabar con estas graves fallas en nuestras instituciones, será imposible vencer a la delincuencia.