¡Defender la Constitución y derrotar la constituyente!

Luego del fracaso del golpe de Estado en contra de la democracia peruana de parte de Pedro Castillo y el eje bolivariano, es necesario evitar el exagerado optimismo de considerar que la defensa de la Constitución y el rechazo al proyecto de la asamblea constituyente, están garantizados. ¡De ninguna manera! Siempre vale recordar que la llegada de Castillo al poder es la síntesis de tres décadas de relatos y narrativas que, de una u otra manera, llevaron a los peruanos a elegir al peor candidato de la historia republicana, al menos preparado y con claros vínculos con el maoísmo.

Luego del fracaso golpista, los peruanos hemos contemplado los intentos de minorías radicales de presentar “un Perú convulsionado por el contragolpe de las derechas y las oligarquías”, mientras los mandatarios del eje bolivariano pretendían presentar a Castillo como “un perseguido político por su compromiso con el pueblo”. Más allá de las palabras de los activistas del eje bolivariano la intención es clara: salvar en algo el relato y evitar que Castillo pase a la historia como un político que violó la Constitución, las leyes civiles y penales, y que cometió actos de corrupción.

Por todas estas consideraciones, creemos que la lucha de los demócratas en contra de la asamblea constituyente no ha terminado, sino que ha pasado a un momento diferente. Los comunistas y colectivistas han perdido el Gobierno y los recursos estatales para desarrollar su plan antisistema. Ahora desarrollarán la estrategia de la acción directa de las masas –donde suelen moverse como pez en el agua– para intentar forzar una constituyente.

A nuestro entender, esta estrategia no tiene la menor viabilidad, porque el desastre y desgobierno de Castillo acaban de vacunar al Perú contra el radicalismo por buen tiempo. Sin embargo, los demócratas y los republicanos no pueden cometer los errores de ayer. 

En ese sentido, luego de haberse conocido la designación del Gabinete que preside Pedro Ángulo, todavía no se pueden decir muchas cosas. Se trata de un equipo ministerial de técnicos, algunos de ellos desconocidos y con poca trayectoria, aunque alejados del sectarismo del progresismo y del cerronismo. No obstante, el nuevo gabinete carece de políticos con experiencia y trayectoria, elementos vitales para enfrentar la presente coyuntura.

Sin embargo, lo que sería fatal para el futuro del sistema republicano y favorecería largamente los objetivos de los impulsores de la constituyente es que entre el Ejecutivo y el Legislativo no se desarrolle una agenda común para sentar bases mínimas de gobernabilidad. En ese contexto, más allá del gabinete y más allá de los protocolos, la presidente Dina Boluarte debe seguir impulsando una gran convergencia nacional de todos los peruanos.

Uno de esos acuerdos, inevitablemente, tiene que girar alrededor de la reforma institucional y política del país. El Perú necesita reformar la Constitución para superar la disyuntiva entre vacancia presidencial y disolución del Legislativo, que nos ha llevado a uno de los momentos de mayor inestabilidad de la historia republicana. Igualmente, el sistema republicano necesita desmontar los destrozos institucionales de “la reforma política de la administración Vizcarra” para crear un Senado y terminar con la barbarie populista de prohibir la reelección de los legisladores.

De otro lado, tenemos la urgencia de salvar la reforma meritocrática de la educación peruana que comenzó a ser desmontada por el cogobierno del Ministerio de Educación (Minedu) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenate), de orientación maoísta. El objetivo radical de controlar la educación pública es uno de los mayores problemas de gobernabilidad que enfrentará el país.

Finalmente, el Estado debe restablecer el principio de autoridad democrática para recuperar el imperio de la Constitución y las leyes en las regiones mineras y en las zonas en donde las minorías radicales se han impuesto sobre el Estado de derecho, ejerciendo violencia y coacción.