Cierre de minas: ¡Un Ejecutivo en contra de la Constitución!

La administración Castillo seguramente retrocederá en el monumental exabrupto del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, quien al decidir unilateralmente el cierre de cuatro minas en el sur de Ayacucho se cargó la Constitución Política, las leyes nacionales y el respeto a los contratos que se cultivan desde tres décadas atrás. 

Como si la señora Vásquez gobernara en una republiqueta bolivariana, anunció que cuatro minas se cerraban, al margen de los proyectos de exploración y solicitudes de ampliación de reservas de minerales que desarrollan las mencionadas compañías. Como para las ideologías colectivistas el esfuerzo empresarial es “fuente de explotación” y solo “el Estado crea riqueza y prosperidad”, entonces las energías y ahorros de décadas de las empresas no importan. Se decretaba el cierre y punto.

Es evidente que detrás de la decisión de la señora Vásquez hay convicciones e ideologías, pero ya es hora de mirar el fenómeno y la naturaleza del actual gobierno. Es incuestionable que la identidad del gobierno de Pedro Castillo empieza y termina en la convocatoria de una asamblea constituyente que no está contemplada como posibilidad en la actual Constitución. En otras palabras, la naturaleza y la identidad de este gobierno se vincula a lo anticonstitucional. ¿O no?

Una de las preguntas que emerge ante el fenómeno es, ¿cómo así nuestro sistema constitucional ha permitido que un movimiento llegue al poder anunciando que cancelará la Carta Política, con la cual precisamente se elige al gobierno? La interrogante plantea un dilema que han enfrentado todas las democracias y sistemas republicanos que han sido minados desde adentro, ya sea a lo largo de la historia universal o a través de las recientes experiencias latinoamericanas.

¿Un sistema republicano que evite caer en la llamada “democracia boba” acaso debería permitir que los programas de los partidos políticos anuncien una constituyente al margen de los procedimientos constitucionales establecidos? Nadie propone la inmutabilidad de una Constitución, y la nuestra establece un procedimiento para la reforma total o parcial de la Carta Política.

Lo que no debería suceder es que se instale un Gobierno con una Constitución, se mantenga el mismo texto constitucional –porque no se puede convocar a una constituyente– y el Ejecutivo pretenda gobernar en contra de la Carta Política; sobre todo en los asuntos económicos, tal como acaba de suceder con el cierre de minas. Cuando algo así sucede contemplamos a la administración Castillo, una de las peores de la historia republicana y de la región.

El presidente Castillo convoca una constituyente, pero no puede implementarla. Anuncia la nacionalización del gas y de los recursos naturales, pero tampoco puede proceder. Igualmente se plantea una segunda reforma agraria con el claro objeto de excluir a las agroexportaciones; sin embargo, no se pueden expropiar los fundos de la agricultura moderna. La señora Vásquez anuncia el cierre de minas con el claro objetivo de instalar un proyecto piloto alrededor de las entelequias llamadas “cabeceras de cuenca” –para eliminar las minas sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar– e instaurar un soviet manejado por minorías radicalizadas en el sur de Ayacucho. Pero es seguro que retrocederá en su fundamentalismo colectivista.

En este contexto, la pregunta inevitable, tanto para los colectivistas que apoyan a la administración Castillo como para las amplias mayorías que se oponen al comunismo es, ¿cómo así podrá resistir el Perú durante cinco años de este Gobierno? ¿Acaso todos estamos dispuestos a aceptar que el país se desmorone ladrillo por ladrillo?

Una de las alternativas es que el presidente Castillo renuncie abiertamente a la constituyente y convoque a un nuevo Gabinete de unidad nacional que refleje ese giro en su gobierno. Un camino diferente es el de la guerra y la polarización política.

Los anuncios económicos de Castillo en contra de la Constitución ya han detenido tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza sostenidos, y todo indica que la inversión privada se desplomará en el 2022. Mientras estas tendencias desorganizadoras avanzan, más de US$ 15,000 millones se fugan del país y los jóvenes emigran, como en los ochenta. ¿Los peruanos miraremos impotentes cómo, otra vez, se va el Perú de nuestras manos?