Castillo ganó en zonas mineras

El movimiento Perú Libre, de Pedro Castillo, ganó en las provincias donde se emplazan los principales proyectos mineros del Perú. Por ejemplo, en las provincias de Grau y de Apurímac, en donde se ubica el mayor megaproyecto de cobre del Perú, Las Bambas, Castillo logró sumar más del 50% de los votos. En la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua, lugar donde se desarrolla Cuajone, Perú Libre obtuvo el 40% de los votos. En Espinar, en el Cusco, en donde se está la mina Antapaccay, sorprendentemente Castillo sobrepasó el 60% de la votación. Y en la provincia de Chumbivilcas donde se desarrolla el proyecto Constancia, el candidato del lápiz también superó el 60% de la votación.

Pero no solo se trata del sur. En el norte, en la provincia de Huari (Áncash), donde se emplaza la mina Antamina, el lápiz igualmente ganó con más del 50% de los votos emitidos. En la provincia de Cajamarca donde se ubica Yanacocha, Castillo consiguió cerca del 40% de la votación. ¿Cómo interpretar estos resultados a favor de un candidato con un programa abiertamente antiminero?

La pregunta se vuelve más acuciante cuando recordamos que, durante la campaña electoral, Castillo propuso que el 70% de las utilidades mineras deberían corresponder al Estado y solo el 30% a las empresas. Y si revisamos el plan de gobierno presentado por Perú Libre al JNE la propuesta de este movimiento con respecto a la minería se reduce a una sola idea: estatización. 

La única explicación de estos resultados, de una u otra manera, nos remite una vez más al negligente papel del Estado fallido en la redistribución de la riqueza minera. El mismo Estado fallido que no pudo comprar camas UCI, no puede proveer oxígeno a los enfermos graves del Covid y tampoco puede adquirir vacunas, ha sido absolutamente incapaz de construir carreteras, postas médicas, escuelas y servicios de agua y desagüe, no obstante que le sobran los recursos.

Y vale precisar que al Estado le sobran recursos por los impuestos que paga el sector privado, sobre todo el sector minero. Por ejemplo, en los últimos diez años la minería aportó alrededor de US$ 11,000 millones por concepto de canon minero; es decir, el 50% de los que se paga por el impuesto a la renta. Sin embargo, los gobiernos locales y regionales han sido incapaces de redistribuir adecuadamente esa riqueza. Ni qué decir del Ejecutivo, que no puede siquiera garantizar un sistema de transporte para los minerales en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se ubican las minas que producen más del 60% del cobre nacional.

Para comprender la magnitud del aporte minero vale recordar que, en plena pandemia y emergencia en el 2020, los gobiernos regionales, locales y universidades recibieron más de S/ 2,000 millones de la minería. Diez distritos de Áncash, Puno, Arequipa y Moquegua se beneficiaron con la mayor cantidad de estas transferencias: más de S/ 1,115 millones. 

Sin embargo, Castillo ganó en todas estas zonas mineras planteando la nacionalización de estas inversiones. El fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza minera genera una enorme frustración en la población. El motivo: surgen islas de prosperidad rodeadas de pobreza y exclusión. 

En este escenario, los comunistas antimineros, en vez de plantear una alianza entre las poblaciones y las empresas mineras para exigir al Estado que se redistribuya la riqueza minera –recaudada a través de los impuestos–, se dedican a demonizar a las compañías que aportan al canon minero.

La estrategia de estigmatizar a las empresas mineras es muy grave, porque afecta principalmente a los pobres de las zonas mineras y a las posibilidades de redistribuir la riqueza minera. En este escenario los partidos republicanos promercado deberían entender que no se pueden poner de costado frente a estas arremetidas anti inversión porque, finalmente, con estas lógicas contribuyen a victorias como la reciente de Pedro Castillo. A reflexionar entonces.