Atacan minas Los Chancas, Las Bambas y Azuca. Apurímac, ¿zona liberada?

La empresa Southern Perú acaba de denunciar que alrededor de 300 violentistas –la mayoría de ellos mineros ilegales– atacaron las instalaciones del proyecto Las Chancas en Apurímac. Los funcionarios de la compañía denunciaron los hechos ante la policía y el sistema de justicia y exigieron que se aplique la Constitución y la ley para enfrentar las amenazas contra el personal de la mina y la población de los distritos de Pocohuanca y Tapairihua

Horas antes también se reportó un ataque en la mina MMG-Las Bambas –una agresión violenta más, de las muchas perpetradas– de parte de sectores de la comunidad de Huancahuire que, desde 50 días atrás, han invadido el campamento minero. Cuando el personal de una contratista de Las Bambas y efectivos de la policía pretendieron ingresar al campamento Charcascocha para evacuar el lodo de la planta de aguas residuales –una actividad urgente para evitar daños ambientales– los invasores incendiaron depósitos, almacenes y vehículos de propiedad de MMG-Las Bambas.

Asimismo, unos días atrás el campamento del proyecto de exploración Azuca, de la minera Ares, emplazada en Antabamba (Apurímac), fue atacado, incendiado y destruido por un sector de mineros ilegales.

Luego de conocido estos hechos es justo preguntarse si durante el Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef, la región Apurímac y, particularmente, las zonas mineras se han convertido en zonas liberadas de la autoridad democrática del Estado. 

El Gobierno que alentó las nacionalizaciones de las minas y promovió el enfrentamiento entre la población y las empresas, no solo ha pretendido empoderar a estas minorías radicales –con sus demandas absurdas e inconstitucionales– sino que también ha renunciado de plano a ejercer la autoridad democrática. Igualmente, las entidades del sistema de justicia se inhiben de investigar y procesar a los violentistas, y la Constitución y las leyes, como se dice, están pintadas en la pared.

En el Perú hemos conocido zonas liberadas del Estado, sobre todo, en los valles cocaleros, en donde el terrorismo desencadenó su estrategia de terror y muerte. La pregunta, entonces, es ¿las zonas mineras se están convirtiendo en zonas liberadas de la autoridad democrática del Estado?

De alguna manera durante el Gobierno de Castillo, igualmente, el sistema de propiedad minera ha comenzado a ser cuestionado en la práctica y todo se convierte en una tierra nadie, en medio de invasiones y ataques a las minas. Y en el preciso momento en que el Perú debería beneficiarse del superciclo de precios de los minerales, sobre todo el del cobre.

El hecho de que los conflictos se hayan focalizado en Apurímac revela una estrategia bien organizada del radicalismo antiminero, vinculado a las corrientes del Foro de Sao Paulo, y una estrategia que busca la estatización de las minas, sobre todo las de cobre, como salida a la anarquía general de la minería. Todo parece haberse centrado en esta región, luego de que se ha destruido la viabilidad de los proyectos mineros en Cajamarca, otra área de enorme potencial minero.

Como todos sabemos MMG-Las Bambas ha desarrollado inversiones por más de US$ 10,000 millones y se considera que los nuevos proyectos mineros en Apurímac suman otros US$ 10,000 millones que podrían incrementar en cinco veces los empleos directos e indirectos, algo que beneficiaría a cerca de 1.5 millones de personas. Apurímac, entonces, es una región minera por excelencia.

Para entender la importancia de la minería en Apurímac vale recordar que Las Bambas representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y cerca del 75% del PBI regional. La mina ha generado 8,000 empleos directos y 75,000 empleos indirectos. Desde que la mina entró en operaciones, la pobreza en los 84 distritos apurimeños bajó del 60% de la población a menos de 40%.

Atacar a la minería moderna, entonces, es un crimen social contra el país.