Pruebas PISA y padres de familia

Actualmente se viene desarrollando un muy interesante debate acerca de la participación de los padres de familia en los cursos y los contenidos del currículum escolar de educación pública. El debate se inició por la inclusión de la llamada “ideología de género” y otras propuestas de la agenda progresista que son rechazadas por la mayoría de peruanos, pero que han sido impuestas dentro de la educación pública, especialmente en los textos que distribuye el propio Ministerio de Educación entre los escolares.

Hace poco comentamos en este mismo espacio los resultados de las llamada pruebas PISA, organizadas mundialmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las que los colegios privados peruanos obtienen buenas calificaciones, mientras nuestras escuelas públicas quedan muy por debajo de la llamada “línea base”, aquella que divide a los “desaprobados” de los “aprobados”. Una de las premisas de la OCDE para desarrollar estas pruebas es precisamente empoderar a los padres de familia para que vigilen la educación que reciben sus hijos, y para que ayuden a mejorar la calidad de esa educación. Citamos el informe de la oenegé Observatorio Educativo:

Desde una perspectiva de derechos, PISA brinda información relevante a los padres de familia sobre la calidad educativa que reciben sus hijos, y permite que la comunidad educativa (alumnos, profesores, tutores, padres de familia, Directores y emprendedores educativos) pidan rendición de cuentas por los resultados de su gestión a las autoridades y responsables educativos. 

La prueba PISA es, entonces, una herramienta fundamental para que los padres de familia lleven a cabo el “control social” de la educación que reciben sus hijos”, que para la OCDE, resulta imprescindible dentro de cualquier sociedad.

A nuestro entender, el papel de los padres de familia es también una de las principales herramientas para detener las intenciones de la administración Castillo de acabar con la ley de Carrera Pública Magisterial, que obliga a que el nombramiento y la promoción docente en la escuela pública se desarrolle en base a méritos y calificaciones. 

La intención de derogar la Ley de Carrera Pública Magisterial busca empoderar a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATEP) con el objeto de convertir a los docentes y la escuela pública en instrumentos de adoctrinamiento colectivista, tal como sucedió en las décadas previas a la aparición del terrorismo senderista. Un terror que provino de las aulas y que protagonizaron, en gran medida, maestros y estudiantes.

Hoy en día, de un total de más de 420,000 docentes, cerca de 260,000 ya pertenecen a la carrera pública magisterial; es decir, más del 60% de los profesores. Y en la última fallida evaluación (por la filtración de la pruebas) participaron cerca de 300,00 docentes ¿Los padres de familia van a permitir que se desmonte este proceso que beneficia, sobre todo, a los niños más pobres del Perú?

Los resultados positivos de la escuela privada en las pruebas PISA no solo tienen que ver con la gestión de los centros educativos sino con la vigilancia y control de los padres de familia, quienes se sienten empoderados en el control de las escuelas, en las que las APAFA (Asociaciones de Padres de Familia) participan activamente en casi todas las decisiones que tienen que ver con la educación brindada a los estudiantes. Si no fuese así, retirarían a sus hijos del centro escolar y buscarían otros claustros.