Burócratas amenazan a universidades

No hay plata para el 2016 si la universidad persiste en autonomía

Juan Antonio Silva, secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), dependencia del Ministerio de Educación, ha amenazado públicamente con dejar sin fondos el 2016 a las universidades públicas que rechazan por inconstitucional la Ley Universitaria aprobada hace más de un año. Ante un problema político y jurídico, el gobierno, en vez de dialogar en busca de una salida política al impasse, responde con prepotencia y autoritarismo. Solo faltaría ordenar que tropas y tanques tomen esas universidades, ¿o no?

En ninguna sociedad democrática se puede aplicar una ley cuando se discute si se viola o no un principio constitucional como el de la autonomía universitaria, pero el gobierno nacionalista pretende hacerlo por presión de grupos de interés que, desde el Minedu, quieren imponer un sistema universitario en el que solo existan las universidades-ONG y universidades estatales controladas por el estado. Es decir, se quiere favorecer a modelos y excluir a otros. ¿Se puede tolerar semejante autoritarismo en una sociedad abierta?

El señor Silva ha afirmado que si, hasta diciembre, las universidades estatales no se someten a la ley intervencionista, el próximo año no podrán acceder a su presupuesto y tampoco al fondo para investigación y becas. Esto equivale a paralizar las clases de 24 universidades del país y obligarlas a cerrar sus puertas por falta de presupuesto para operar los servicios que brinda y pagar planillas. ¿Está dispuesto el gobierno nacionalista a crear un problema social de tal magnitud solo para satisfacer el capricho de los asesores del MINEDU? ¿Por qué recurrir al chantaje en vez de la persuasión y el diálogo?

Lo concreto es que de 31 universidades públicas solo siete se han adecuado a los términos del gobierno. Las demás están dilatando los plazos en espera que el Tribunal Constitucional falle sobre la constitucionalidad de la Ley Universitaria, o simplemente rechazan ésta por inconstitucional. Según la Constitución, las universidades son autónomas en su gobierno y las elecciones de sus autoridades se rigen por plazos legales que no pueden anularse por el capricho de burócratas.

Por cierto, dicha Ley polémica señala que las autoridades de las universidades públicas continuarán en sus cargos hasta el final de sus respectivos mandatos, pero la SUNEDU pretende obligarlas a renunciar antes de tiempo, en una clara violación de su autonomía y de la ley. Un vocero de la emblemática Universidad Mayor de San Marcos ha señalado que nadie podría acusar a ese centro de estudios de estar “en rebeldía” -como sostiene la Sunedu- porque se niega a acatar una norma que es inconstitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) debe resolver en las próximas semanas tres acciones de inconstitucional presentadas por los rectores de las universidades, el Colegio de Abogados de Lima y un grupo de congresistas, contra la Ley Universitaria, porque empodera a la SUNEDU y quiebra la autonomía.

Los burócratas del Minedu están desesperados: su “reforma universitaria” ha perdido apoyo de la oposición y ya se viene el cambio de gobierno. Sin embargo quieren arrasarlo todo.