Si la oposición no defiende la economía, ¡NADA VALE!

El Ejecutivo sigue avanzando en su intento de destruir la economía de mercado y ahogar a la inversión privada, con el objeto de que el crecimiento se lentifique, nuestro país vuelva a ser uno que aumente pobreza y se desate el descontento social. Al margen del yerro enorme en el análisis, es evidente que el gobierno de Pedro Castillo ha demostrado unidad y coherencia en el objetivo de asfixiar el crecimiento de la inversión privada.

Ya los hemos sostenido varias veces. Si cae la inversión privada, el crecimiento se ralentiza. ¿Por qué? Porque el 80% del total invertido en el Perú es aporte del sector privado. Si el crecimiento se lentifica el país comienza a aumentar pobreza. ¿Por qué? Cada año se incorporan más de 270,000 jóvenes a la economía y, por lo tanto, esa nueva demanda de empleo necesita ser atendida para que no haya más pobres.

Sucede que un punto de crecimiento del PBI genera 90,000 empleos. Para absorber mínimamente la demanda de nuevo empleo, entonces, se necesita expandir la economía sobre el 3% del PBI. Si se crece menos, se aumenta pobreza. En este contexto, todos los economistas y proyecciones señalan que la inversión privada en el 2022 se desplomará hasta en dos puntos. En otras palabras, al desmadre nacional causado por los anuncios del presidente Castillo y sus ministros se sumará el desmadre económico, el desempleo y el aumento de pobreza.

En el objetivo de destruir la economía y la inversión privada, pues, el Ejecutivo ha demostrado coherencia total. Desde el anuncio de la asamblea constituyente, pasando por las propuestas de nacionalizar el gas y de la segunda reforma agraria sin agroexportaciones, hasta el unilateral cierre de minas de la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, todo se ha organizado para detener tres décadas de crecimiento y de un asombroso proceso de reducción de pobreza.

El Gobierno entonces tiene una estrategia clara. La oposición todavía no entiende la magnitud de la amenaza. ¿Por qué? Porque destruir la economía de mercado y la inversión privada es la manera de destruir la movilización y la acción de las clases medias peruanas que han detenido la constituyente, el intento de generalizar las rondas urbanas, las nacionalizaciones y el cierre de minas.

La destrucción de la economía y de la inversión privada, en el acto, aumenta pobreza y genera un escenario económico y social que puede favorecer al relato comunista y colectivista acerca de que las causas de la exclusión están en el modelo neoliberal y el régimen económico consagrado en la Constitución Política. Por lo tanto, la única solución pasa por la convocatoria de una asamblea constituyente.

Si la mayoría republicana del Congreso no responde a esta ofensiva del Ejecutivo en contra de los mercados y la inversión privada, la defensa de las libertades y el equilibrio de poderes no tendrá sentido. La razón: las mayorías contemplarán impotentes cómo se destruye al sector privado.

Por ese motivo el Congreso debe legislar en defensa del modelo económico. Por ejemplo, se debería derogar la ley que establece la posibilidad de establecer los muñecos de las “cabeceras de cuencas” sobre los 3,000 metros encima del nivel del mar, con el objeto de prohibir actividades mineras en esas áreas. Igualmente se debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria y calificarla como ley permanente para el agro. Asimismo, es hora de aprobar una ley que establezca un tope –en relación con el PBI– para el endeudamiento público. La única manera de morigerar la voracidad fiscal del MEF que busca expandir bonos y políticas populistas.

El Congreso debería enviar señales claras al país y al mundo en el sentido siguiente: si bien el Ejecutivo es colectivista y anti inversión, las instituciones –entre ellas el Congreso– siguen funcionando bajo los preceptos establecidos por la Constitución Política y el respeto absoluto a las leyes y los contratos.

Salvar la economía es salvar las libertades.