¡Restablecer la Ley de Promoción Agraria ya!

La mayoría del Congreso que se opuso a la constituyente todavía no entiende el papel y la importancia de la inversión privada, el crecimiento y la generación de empleo, en la lucha por la defensa de la Constitución y la libertad. A diferencia de los sectores progresistas y comunistas, que sí comprenden con absoluta claridad cómo el crecimiento y la reducción de pobreza es el adversario más soberbio que enfrentan, en los sectores democráticos hay ignorancia e improvisación.

Si la sociedad peruana hubiese sido una con la mayoría en pobreza, el proyecto de la constituyente ya se habría impuesto sobre la base de la demagogia y el populismo. De allí la enorme importancia de seguir defendiendo el modelo, sobre todo los sectores de la minería y las agroexportaciones, vitales para generar divisas y empleo.

En este portal ya lo hemos repetido hasta la saciedad: el milagro agroexportador de las últimas décadas está en grave peligro por la derogatoria absurda de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), durante la pasada administración Sagasti. Como todos sabemos, la derogada ley establecía regímenes tributarios y laboral especiales. Durante dos décadas de vigencia de la mencionada norma se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se llegó a contratar un millón de trabajadores agrarios, entre empleos directos e indirectos. Por supuesto, todos los trabajadores contaban con todos sus derechos y beneficios sociales.

A la incomprensible derogatoria de la Ley N° 27360 se sumó la ofensiva anti inversión del Ejecutivo con sus anuncios de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones. La inversión privada dejó de crecer e, igualmente, no hubo nuevas inversiones en agroexportación. 

Al respecto, vale recordar que los envíos del agro al exterior –bajo la vigencia de la Constitución, la ley 27360 y los 22 tratados de libre comercio– crecieron de US$ 627 millones a US$ 8,842 millones en el 2021. El 2022 los envíos llegarán a US$ 10,493 millones y el 2023 crecerán a US$ 11,554 millones. Sin embargo, a partir de allí empezará el declive por la falta de nuevas inversiones que amplíen la frontera agrícola.

Por todas estas razones es más que urgente que el Congreso restablezca la vigencia de la Ley de Promoción Agraria para enviar un mensaje al mundo, a los inversionistas nacionales acerca de que, si bien en el Perú existe un Ejecutivo anti inversión, el sistema republicano como tal se rige por la Constitución de 1993.

Una de las cosas más sorprendentes del milagro agroexportador del Perú es que se desarrolla en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. El 95% restante de tierras es conducida por más de dos millones de minifundistas, que desarrollan una agricultura familiar de sobrevivencia.

El Perú tiene alrededor de 200,000 hectáreas dedicadas a la agroexportación, y con esa pequeña cantidad de tierras, se ha convertido en una potencia agrícola mundial. Considerando que existe un potencial de 400,000 nuevas hectáreas que se pueden ganar al desierto –es decir, el doble de lo que tenemos hoy–, a través de los diversos proyectos hídricos del país, es imposible entender cómo el Congreso posterga para las calendas griegas la decisión de restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria.

Vale recordar que no se puede defender la Constitución sin defender el modelo económico basado en la inversión privada. Esa es la enseñanza que nos deja la estrategia de destrucción de la inversión privada que desarrollan quienes proponen la constituyente.