Los proyectos antisistema en el Perú, incuestionablemente, se p...
El actual directorio de Petroperú acaba de renunciar al cargo y, en el acto, se desataron los temores de que se nombre un nuevo directorio vinculado al cerronismo, que agravaría la crisis de la petrolera estatal con la casi perpetua sangría de recursos del fisco, que presiona sobre el manejo del déficit fiscal y se convierte en amenaza contra el grado de inversión conseguido por el Perú.
Sin embargo, a estas alturas parece difícil entender el curso y la racionalidad de los acontecimientos. Luego del inicial emplazamiento del directorio de Petroperú al Ejecutivo, para que tome una decisión sobre la petrolera estatal, el Ejecutivo había aceptado extender una carta fianza por US$ 2,000 millones a través del Banco de la Nación para capital de trabajo de la empresa, postergar las deudas de la petrolera al Estado hasta el 2028 y convocar un concurso en noviembre para contratar una PMO. Sin embargo, el directorio planteó un plazo ayer a la Junta General de Accionistas (Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energía y Minas) para resolver el problema y las cosas se desencadenaron con la mencionada renuncia. Era evidente que entre el directorio de Petroperú y la Junta General de Accionistas no había diálogo ni comunicación. Los innecesarios choques y emplazamientos lo demuestran.
Luego de la renuncia del directorio la presidenta Boluarte echó más sombras al problema, y señaló que Petroperú no se privatizará y que después de la renuncia de los directores existirá funcionarios que amen al país. De pronto el mensaje se parecía demasiado a los anuncios de Pedro Castillo en el poder.
Ahora la crisis se traslada a la Junta General de Accionistas (Ministerio de Economía tiene el 60% de acciones y el sector Energía y Minas el 40%) que, a cualquier costo, deberá evitar la estrategia cerronista de pretender tomar el control de la petrolera estatal y agravar la crisis del manejo fiscal. En cualquier caso, ese debería ser el objetivo principal y considerar otras alternativas creativas.
Lo cierto es que la crisis de Petroperú comienza a ser una amenaza para el modelo económico que, durante las últimas tres décadas, tuvo en el manejo del déficit fiscal a una de sus mayores fortalezas. Antes de la pandemia el déficit fiscal representaba el 1% del PBI. Luego de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo, en el 2023, el déficit fiscal representó el 2.8% del PBI, no obstante que se proyectaba el 2.4%. Si no se hubiesen adelantado las utilidades del Banco de la Nación a la contabilidad nacional, el déficit habría llegado al 3% y el Perú habría perdido los grados de inversión conseguidos mediante el sacrificio de varias generaciones. Para el 2024 el déficit proyectado era de 2% del PBI, pero el Ejecutivo aumentó la trayectoria fiscal al 2.8%. Sin embargo, hasta julio de este año el déficit acumulado era del 4%. ¿Cómo el Gobierno va a cumplir sus propias metas fiscales? Por otro lado, el Ejecutivo ha postergado hasta el 2028 el objetivo de recuperar un déficit del 1%, todo lo cual revela que se arrima el problema a la próxima administración que, inevitablemente, deberá desarrollar un ajuste.
Las causas del aumento del déficit están en la imposibilidad del Gobierno de reducir gastos. Por ejemplo, el gasto corriente del Estado ha aumentado en 25% este año. Igualmente, el Congreso, a través de leyes que nombran a maestros sin concurso ni plazas presupuestadas agranda el forado fiscal. Sin embargo, otra de las causas del descontrol del déficit son los permanentes rescates financieros de Petroperú. Desde el 2016 hasta la fecha se acumulan más de US$ 4,000 millones en rescates financieros, aumentos de capital y líneas de crédito del Estado a la petrolera estatal. Por otro lado, la deuda de Petroperú suma más de US$ 8,500 millones (entre ellas US$ 3,000 millones por emisión de bonos).
Todas estas cifras revelan que la crisis de Petroperú es una amenaza directa al modelo económico, y la tragedia que causan los remanentes del Estado empresario.
COMENTARIOS