Reducen derechos de pesca

El Gobierno peruano ha decidido reducir los derechos de pesca de los recursos hidrobiológicos y plantea una tasa fija de 0.54% del valor de exportación por tonelada de harina pescado. Esta es la tercera propuesta que es sometida a opinión por el Ministerio de la Producción (Produce), y no considera el volumen de exportación. La anterior tasa propuesta fue descartada por las diversas opiniones en contra, tanto de los pesqueros artesanales como de los industriales.

En la anterior propuesta, de febrero pasado, Produce establecía una tasa escalonada entre 0.27% y 0.98%. Sin embargo, está variación porcentual por volumen de exportación hubiera hecho quebrar a los pescadores artesanales. Los dirigentes del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) señalaron que esta iniciativa afectaría a sus actividades pesqueras y haría quebrar al sector porque la denominada “flota de madera, representa el 20% del total de la pesca de anchoveta. Los dirigentes indicaron que, en la práctica, los derechos de pesca que el sector aporta (de US$ 9 millones) pasaría a US$ 24 millones, lo que representaría un incremento real de más de 300%.

De acuerdo a Produce, con la nueva propuesta planteada —que deberá ser oficializada luego de los comentarios de los empresarios industriales y artesanales— la recaudación por derechos de pesca subirá de S/ 52 millones al año a S/ 112 millones anuales. Las autoridades esperan que la propuesta se aplique desde el mes de mayo próximo.

La propuesta de cobrar los derechos de pesca de acuerdo a una escala porcentual por volumen de exportación de los recursos hidrobiológicos ha sido un mal intento de algunos funcionarios influenciados por las ONG ambientalistas vinculadas a la izquierda. Así como los ambientalistas radicales señalan falsamente —para detener la producción de cobre en el país— una contaminación generada por las actividades mineras, así también señalan que los recursos naturales marinos deben ser preservados, protegidos de la industria pesquera que depreda la biomasa del litoral peruano. Son solo argumentos sin sustento técnico y cuyo fin es, también, detener las actividades pesqueras del país.

Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), ha señalado que la sostenibilidad de los recursos pesqueros es la principal preocupación del gremio industrial que representa. Confirma la buena salud de la biomasa de anchoveta, de cerca de 11 millones de toneladas (un 35% mayor que el promedio de los últimos 25 años). La situación óptima de la biomasa está sustentada en la pesca responsable orientada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Esta institución científica (una de las más serias y prestigiosas del país) realiza constantemente monitoreos sobre el estado del mar y emite informes para establecer la debida extracción de los recursos marinos. Científicamente se decide cuándo comienza cada temporada de pesca y cuál es la cuota de pesca que se asigna para cada temporada. Todo ello para preservar esa buena salud del mar, que tanto valoran los pescadores industriales y artesanales. No pueden matar a la gallina de los huevos de oro; todo lo contrario, la protegen.

Asimismo, para reforzar los conocimientos sobre las riquezas hidrobiológicas, la SNP y la World Wildlife Fund (WWF) Perú renovaron, el año pasado, el acuerdo de cooperación cuyo objetivo es preservar la biomasa del mar peruano. Con el convenio en vigencia por tres años más, se promoverá el aprovechamiento responsable de todas las actividades relacionadas con el mar, así como investigaciones sobre las especies protegidas (delfines, tortugas marinas, etc.) para evitar lo que se denomina “pesca incidental”.

Vale decir que, de los S/112 millones que los pescadores, artesanales e industriales aportarán por derechos de pesca, el 50% (derecho de canon) se destina a las regiones. El otro 50%, Produce lo destina a la investigación y gestión de los recursos marinos. La producción del sector pesquero del país aporta alrededor del 1.5% PBI, ofrece más de 221,000 puestos de trabajo directos e indirectos, y cerca de 50,000 familias dependen de la actividad.