¿Quién invierte en Doe Run?

La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, estará en La Oroya con los trabajadores de Doe Run, los representantes de la sociedad civil y la liquidadora Dirige. Asiste a la tercera reunión de una mesa de diálogo que se ocupa del proceso de remate 2018 de los activos de la mina Cobriza y del Centro Metalúrgico La Oroya (CMLO), que ahora se venderán por partes. La mina para el 1 de marzo, por US$ 97.74 millones; y la fundición para el 8 de marzo, por $95.19 millones. Como se sabe, el CMLO dejó de operar alegando problemas financieros en Junio del 2009, y el último remate de julio pasado fue declarado desierto por falta de postores. ¿Qué sucede, entonces, con la fundición que no atrae capitales para que pueda seguir siendo modernizada y adecuada a las exigencias ambientales para que el Perú pueda volver a exportar minerales metalizados? Veamos.

Antes del anterior remate de julio pasado —que fue declarado desierto por falta de postores— se decía que la rigidez de los parámetros ambientales hacía inviable la venta. Entonces, y por iniciativa del actual Ejecutivo, se modificó el índice de dióxido de azufre (SO2), uno de los componentes de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). De 20 microgramos/m3 a 250 microgramos/m3. Esa modificación no fue suficiente el día del remate. Hoy el gran temor ya no es la exigencia ambiental, sino los 3,000 procesos en una corte de Missouri (Estados Unidos)-en contra de la ex propietaria Doe Run, los que asustan a los postores. Procesos judiciales que resultarían dándoles la razón a quienes demandan a la empresa estadounidense por daños ambientales y físicos, y que terminarían en millonarias indemnizaciones. Se especula, entonces, que si los demandantes ganan los procesos, ¿por qué no demandarían a otros cuando el circuito de plomo de la fundición vuelva a funcionar?

Al respecto, los acreedores laborales estarían preparando un plan de contingencia frente a un probable escenario adverso. Si no hay postor en el tercer remate —del 5 de abril del 2018— los trabajadores tienen la posibilidad de reclamar la adjudicación de la planta, por ley concursal y por el Código Civil, según afirma Juan Cangalaya, asesor laboral. Para eso, los trabajadores deberán alcanzar una meta de mil acreencias y pagar el precio del remate.

La “problemática” Doe Run se inicia en junio del año 2009. Un proceso concursal en Indecopi precede a una llamada “liquidación en marcha” y remates sin éxito hasta la fecha. Desde entonces, los vecinos y trabajadores de La Oroya defienden lo que creen que es suyo. Sostienen que los pueblos tienen el derecho de seguir desarrollando las actividades económicas que vienen desde sus ancestros. Y la minería es una actividad plenamente arraigada y con mucha historia en la sierra central. Tal es así que los antimineros no han logrado posicionar sus relatos engañosos, por la larga data minera de la zona. Además, vale recordar que los ingenieros de la fundición han desarrollado con éxito los proyectos PAMA de los circuitos de zinc y plomo, quedando el de cobre a medio hacer, paralizado cuando la compañía adujo crisis financiera.

Hoy el río Mantaro recibe agua tratada tipo III, proveniente de las operaciones, sin contaminantes y apta para la agricultura y ganadería. Esos mismos ingenieros verán con la ministra Aljovín una nueva propuesta de reinicio de operaciones para hacer más atractivo el remate del CMLO.