Petroperú y el fracaso del Estado empresario

Al cierre de esta edición, Humberto Campodónico había renunciado a la presidencia de PetroPerú ante la crisis general de la empresa estatal. Horas antes, mediante un decreto de urgencia (DU) el Ejecutivo aprobó un incremento de capital de la empresa estatal Petroperú por un monto de US$ 1,000 millones y una línea de crédito de US$ 500 millones para la compra de crudo para refinar y combustible. De pronto, la idea del estado empresario, el concepto de empresa estratégica que empobreció al Perú antes de los años noventa, y todas las tragedias que ha causado Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las empresas estatales en la región, retornaron con fuerza inusitada.

Si bien en el DU se establece que Petroperú debe contratar en 90 días a una consultora para empezar un proceso de reforma para garantizar la sostenibilidad financiera; si bien también se señala que, en el plazo de un año, la empresa estatal debe listar el 49% de sus acciones en bolsa, es incuestionable que la petrolera estatal es un monumento a todos los fracasos del estado empresario. El aumento de capital y la línea de crédito últimos se suman a los US$ 750 millones que ha aportado el actual Ejecutivo. Es decir, en total alrededor de US$ 2,500 millones. 

La Modernización de la Refinería de Talara (MRT) empieza a costar a los peruanos alrededor de US$ 6,000 millones y se convierte en uno de los elefantes blancos de la historia económica del país. Una gigantesca inversión para un país que no es una potencia petrolera, que no tiene grandes reservas de crudo y casi no tiene exploración petrolera. Según cifras de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), el Perú apenas produce 40,000 barriles de petróleo diarios, frente a una demanda de 250,000, motivo por el cual es un importador neto de petróleo.

En este contexto, una de las preguntas claves con respecto a la Modernización de la Refinería de Talara fue, ¿cuál es el sentido económico del proyecto? Siempre se sostuvo que era mejor importar combustible refinado para garantizar combustible limpio. Si bien la invasión de Rusia en Ucrania ha revalorado las energías alternativas al gas –entre ellas el petróleo– y posibilita que la nueva refinería tenga cierta viabilidad económica (casi no se han construido refinerías en el mundo en los últimos años), es incuestionable que el desastre económico de Talara lo pagaremos todos los peruanos.

Por otro lado, en el DU que acaba de promulgar el Ejecutivo no se establece que Petroperú retorne al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), revelando que el gobierno no quiere mayores controles sobre la empresa estatal y que no le interesa una reforma del gobierno corporativo de la empresa estatal. Asimismo, se propone que Petroperú liste en bolsa el 49% de sus acciones. ¿Qué empresa privada de talla mundial va a querer ese porcentaje que no le garantiza el manejo de la empresa?

El Congreso entonces debería iniciar una discusión sobre qué hacer con Petroperú para que la entidad no siga desangrando el presupuesto nacional. Quizá se podría ensayar una privatización ordenada de los activos de Petroperú que posibilite convocar a socios internacionales (obviamente con más del 51% de acciones) y se relance una política energética del país alrededor de los combustibles fósiles. En ese contexto, la nueva Refinería de Talara, incluso, podría sacar ventaja de la crisis mundial de la energía que ha causado la invasión a Ucrania.

Si el Perú sigue en el camino del financiamiento ciego de las ineficiencias de Petroperú comenzará a repetir la tragedia del estado empresario que se escenificó entre los sesenta y los setenta. Entre 1968 y 1975 se crearon alrededor de 200 empresas estatales que aumentaron las pérdidas de estas empresas de US$ 46 millones a cerca de US$ 2,500 millones. Luego la deuda pública llegó casi hasta el 50% del PBI y se desató la hiperinflación que empobreció a más del 60% de los peruanos.

El Congreso tiene la palabra.