Otra vez apuntan contra Tía María

La Red Muqui acaba de anunciar la publicación y presentación, en los próximos días, de un estudio denominado “Razones económicas y ambientales para la defensa de la agricultura en el valle del Tambo”. Se trataría nada más y nada menos que de otro estudio “técnico” en el que se demuestra –una vez más, según sus autores– que el proyecto minero Tía María no puede convivir con la agricultura en el Valle del Tambo. Pero no obstante todas las fábulas desarrolladas y difundidas por la izquierda antiminera, la agricultura y la minería pueden convivir, incluso en el propio Valle del Tambo. ¿A qué nos referimos? Veamos

Southern Perú y un gran bloque de agricultores vienen implementando un programa de competitividad agrícola denominado Valle Lindo. Este programa pretende modernizar el agro en la zona a través de la ejecución de proyectos de infraestructura: puentes, mejoramiento de los canales, colocación de riego tecnificado, entre otros. Incluso el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional con la empresa Southern Perú y Ecobrands para la instalación de sistema de riego tecnificado en el valle. Es decir, lo que se quiere es demostrar que el agro y la minería pueden convivir e incluso hacerse mucho más competitivas una con otra. 

No solo eso. El programa ya tiene el apoyo de varios productores agrícolas que han solicitado a la Autoridad del Agua local que dé el permiso para que el proyecto se ejecute; sin embargo, algunos funcionarios locales se resisten por la presión social de los líderes antimineros. Es decir, se está tejiendo una alianza virtuosa entre agricultores y empresa minera, pero el Estado se deja llevar de las narices por la minoría antiminera.

Este logro, esta alianza, es un balde de agua fría para el movimiento antiminero no solo local sino también nacional. Es por ello que a la Red Muqui, a la oenegé Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco) y a otros sectores antimineros les aterra la posibilidad de convivencia virtuosa entre agricultura y minería, y pretenden bloquear a cualquier costo el mencionado proyecto. 

Los sectores democráticos no pueden quedarse con los brazos cruzados, como se dice, frente a estas nuevas iniciativas de los sectores antimineros. Días atrás, en el mismo Cocachacra, los sectores radicales realizaron un encuentro macrorregional del sur con el ánimo de organizar un gran paro contra las inversiones mineras como Quellaveco o Tía María. 

El objetivo de todos estos movimientos es detener el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en el país, generar desesperación en los sectores excluidos y promover el discurso en contra del sistema republicano y la inversión privada. Los movimientos e iniciativas antimineras contra Tía María y Quellaveco buscan paralizar el Corredor Minero del Sur, área en donde se produce más del 50% del cobre del país. Si lograran este objetivo, las posibilidades de enfrentar la megarrecesión en curso se reducirían considerablemente.

En este contexto la administración Sagasti debe definir si restaura el orden público, resolviendo la crisis de la Policía Nacional del Perú que causó el primer ministro renunciante –con el ilegal pase al retiro de 18 oficiales generales– o si se hace de la vista gorda frente a la violencia que desatarán las minorías radicales en contra de las minas y los proyectos de inversión.