Nueva ley de promoción agraria, pero con flexibilidad laboral

Standard & Poor’s acaba de rebajar nuestra calificación crediticia y el Perú está a un peldaño de perder el grado de inversión. El año pasado el Perú entró en recesión, en medio de un superciclo de precios del cobre, no obstante nuestra condición de segundo productor mundial de cobre. Asimismo, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), se ha dejado de invertir en 30,000 hectáreas destinadas a la agroexportación, una gigantesca extensión de tierras considerando que el milagro agroexportador peruano se desarrolla en 250,000 hectáreas. Y, finalmente, se comienzan a registrar la pérdida de 100 mil empleos agrarios cada mes desde el año pasado.

Si bien el Perú rebota económicamente expandiendo su economía en 2%, sobre todo por la precaria estabilidad, ese crecimiento no es suficiente. No permite reducir la pobreza, y genera un ciclo de estancamiento en la lucha contra este flagelo social. Por todas estas consideraciones, el Perú necesita reformas y leyes promotoras de la inversión privada, el motor y el combustible del crecimiento y la reducción de la pobreza en la sociedad. Según el Banco Mundial, el 80% del total de reducción de pobreza en las últimas dos décadas (del 60% de la población a 20% antes de la pandemia) es aporte de la inversión privada, a través de la generación del empleo.

Si alguien duda de la inversión privada, entonces no ha comprendido la amenaza del colectivismo, del estatismo y de las fórmulas antisistema en el 2026. En este contexto, se debe saludar y respaldar el anuncio del ministro de Agricultura (Midagri), Ángel Manero, acerca de que el Ejecutivo presentará una nueva ley de promoción agraria en la que se establecerá un 15% de impuesto a la renta para la agricultura, tal como se prescribía en la ley absurdamente derogada por el gobierno de Sagasti.

La necesidad de un criterio promocional en renta se justifica desde cualquier razonamiento. Bajo ese criterio –que estaba en la ley derogada– las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones –en dos décadas– incrementando en más de 1000% la recaudación fiscal del Estado. Con ese criterio promocional se captaron más de US$ 20,000 millones y las empresas no cesaban de reinvertir sus utilidades.

El sistema tributario promocional también beneficiaba a los más de dos millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas. Sin embargo, el Estado no proveyó títulos de propiedad, no promovió la asociatividad ni la solución de los déficits en infraestructuras hídricas. En este contexto, el minifundista no se benefició del sistema promocional. Ahora con la nueva ley se debe corregir esa deuda social.

No obstante, una de las cosas que preocupa en los anuncios del titular del Midagri es que aparentemente no se eliminará la bonificación especial del trabajador agrario (BETA), que establece un salario agrario por encima del 30% de la remuneración mínima vital. Es decir, no se derogará una de las causas principales de que se haya comenzado a perder 100,000 empleos mensuales formales desde el año pasado.

Al lado del criterio promocional tributario, la ley derogada por el progresismo establecía la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo a semejanza de los países desarrollados. El resultado igualmente fue impresionante: de 460,000 empleos formales, entre directos e indirectos, en el 2004 se incrementó a más de un millón en la actualidad. La flexibilidad laboral era tan pro empleo que las empresas contrataban a más de 15,000 trabajadores, con todos sus derechos sociales, por campaña.

La norma 31110 promulgada por el Gobierno de Sagasti establece la negociación por rama, promueve la sindicalización artificial y el salario BETA; es decir, elimina la flexibilidad laboral, que no solo se debió mantener sino generalizar a todo los trabajadores del Perú.

A nuestro entender el Congreso debería sancionar la flexibilidad laboral sobre la propuesta del Ejecutivo y enviar una poderosa señal al mundo, indicando que el Perú sigue promoviendo la inversión privada y el empleo formal.